Una familia trata también de impugnar el plan urbanístico de la localidad
11 jul 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El conflicto del tanatorio de Camariñas ha dado lugar a un nuevo frente judicial, esta vez por la vía contencioso-administrativa, merced a una denuncia presentada por Andrés Rodríguez Miranda contra la aprobación definitiva del Plan Xeral de Ordenación Urbanística, que ahora se ha conocido a través del DOGA, junto a la demanda de otra pareja de la localidad disconforme con la calificación de su propiedad en este planeamiento.
Aunque los casos son de naturaleza muy distinta, el alcalde, Manuel Valeriano Alonso, considera que «pouco recorrido poden ter», como ya le adelantó a los interesados, aunque respeta su derecho de acudir a los tribunales y aclara que quien deber responder ahora es la Xunta, que tuvo la última palabra en la aprobación del PXOM.
Para el abogado Sebastián Lorenzo Viejo, que representa a Rodríguez Miranda en la demanda del tanatorio, esta cuestión solo responde a la negativa del alcalde y del presidente de la Fundación Fernández Espín a buscar un entendimiento.
El conflicto, dice el letrado, se arrastra desde el 2004, cuando la entidad, amparada por el Concello, perdió todos los juicios hasta llegar al Supremo destinados a recuperar unos terrenos que el primer patronato de la propia fundación había vendido y parte de los cuáles después de varias transacciones y herencias acabaron en manos su cliente.
«Lo que hicieron fue una donación de los terrenos al Concello condicionada al tanatorio, con lo que disfrazaban su intención de recuperar esos bienes e incorporarlos al PXOM como suelo incluido en el sistema local de equipamiento municipal», explica Lorenzo Viejo, quien considera que el objetivo último era paliar la falta de recursos que tiene la fundación para cumplir con su cometido que es asistir a las personas de la tercera edad desvalidas.
Para el abogado, por legítima y «socialmente beneficiosa» que pudiese resultar esta finalidad, «no se puede utilizar el PXOM para dejar a alguien sin su propiedad», como a su juicio evidencia el informe negativo a este respecto emitido el 24 de febrero del 2011 por los funcionarios municipales.
El representante legal considera que hay tres salidas posibles: la expropiación mediante el pago del justiprecio, una permuta o el establecimiento de un convenio con el propietario, pero el problema no se ha solucionado porque el alcalde «utiliza la potestad discrecional del Ayuntamiento para satisfacer intereses particulares de la fundación».