Los operarios comenzaron ayer a retirar las uralitas de las edificaciones
10 jul 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Operarios de una empresa de construcción comenzaron ayer a retirar las uralitas que cubren las viviendas ocupadas de Monte das Moas, detrás del centro de salud del barrio del Castrillón. Está previsto que hoy comience a llegar a la zona la maquinaria que a partir del lunes de la próxima semana llevará a cabo la demolición de los inmuebles.
La eliminación de la uralita debe realizarse antes de esas tareas, ya que es necesario retirarlas con precaución por contener amianto, un material peligroso.
El derribo de los inmuebles es una obra privada, aunque fuentes del Ayuntamiento han señalado que se han intentado acelerar los plazos todo lo posible para que se lleve a cabo cuanto antes.
La demolición de las casas, que se encuentran en situación de ruina, había sido solicitada en varias ocasiones por los vecinos de la zona. Desde mediados del 2011 los edificios habían sido ocupados y algunos residentes en las inmediaciones denunciaban que en ellos se producía venta de drogas y otras actividades ilegales.
Algunos de los ocupantes irregulares de las casas también tenían fama de conflictivos. Sin embargo las viviendas también sirvieron de refugio a parejas con hijos. Así era en septiembre del 2011, cuando las desvencijadas construcciones protegían de las inclemencias del tiempo a dos parejas y tres niños.
Una de las parejas, que tenía un pequeño de 11 años, llevaba a esas alturas siete meses residiendo en una de las casas. Carecían de todas las comodidades, incluyendo agua corriente. Para beber tenían que recurrir a un pozo artesanal que desconocían si albergaba agua potable . No les quedó más remedio que acudir a las casas del Castrillón a causa de la crisis. Solo pagaban 132 euros al mes, contaban con una ayuda de la Xunta, tuvieron que abandonar la vivienda que tenían en Culleredo al ser incapaces de pagar la factura de la electricidad, ya que todos los electrodomésticos dependían de ella.
La otra pareja llevaba por entonces tres meses en condiciones similares. Tras conocerse su situación, los servicios sociales se pusieron en contacto con las dos familias, que no podían enviar al colegio a sus hijos, para reconducir la situación.