La piratería marítima es tan antigua como los primeros escarceos del hombre para trasladarse por las aguas de mares y océanos. Al trasladar personas y mercancías valiosas por rutas alejadas de la protección de tierra firme, pronto se convirtió en una actividad muy lucrativa. La cuestión era sencilla: abordaje, pillaje, rescate -en el mejor de los casos- y reparto del botín entre la tripulación. Después llegaron los ingleses, siempre perfeccionistas, con el ínclito Enrique VIII al mando, y se dijeron ¿por qué no aprovechar a estas fieras sanguinarias para darles las del pulpo a los españoles? Y extendieron patentes de corso a mansalva que, en resumen, permitían piratear, matar o incendiar, pero por lo legal. Incluso a ser invitados a los bailes del gobernador de turno.
Sirva esta introducción para ver que lo de los ladrones de guante blanco, amparados por leyes ad hoc, viene de lejos. Como no podía ser menos, a día de hoy, tal práctica se ha llevado a la perfección.
La actividad bancaria es un lucrativo coto privado, en teoría tutelado por el Estado -¡nada más lejos de la realidad!- y con un marco legal en cuyo vértice está la protección de sus usuarios. La realidad nos demuestra que es verdad lo primero, que la gran banca tutela o maneja el Estado y que los usuarios son meros frutos para exprimir por una maquinaria inflexible y prepotente. Sirvan para ilustrar tal aseveración dos noticias de esta semana: la quita de preferentes y subordinadas y la sentencia del Tribunal Supremo que declara abusiva la denominada «cláusula suelo» de las hipotecas.
En el primero de los casos se intenta camuflar una estafa en toda regla aduciendo la avaricia de los compradores. Si de verdad se informase a los clientes de las condiciones colocarían muy pocos productos. Impresentables los muchos casos en los que engañaron a personas mayores e incluso se convirtieron cuentas infantiles sin autorización. Para reparar esta tropelía no hay dinero del rescate bancario, al contrario, en nombre de la Comisión Europea se utiliza para socializar pérdidas con una quitas infames. Tampoco irá nadie a la cárcel (solo un juez se ha atrevido con el otrora todopoderoso Blesa y ya ha denunciado presiones e injerencias).
En el segundo caso ha tenido que llegar al Tribunal Supremo una reclamación -imaginen la cantidad de zancadillas y triquiñuelas que habrá superado- para dar valor legal a lo que era evidente: es abusivo incluir cláusulas en la letra pequeña para garantizar el beneficio. En mi opinión, dado el tipo de negocio, también es abusivo aunque se explique; debe haber equiparación con el supuesto de subida de tipos. Revuelve el estómago pensar que algunas personas podrían haber salvado su vivienda con unas cuotas más bajas, como las que tendrían ahora. Para llorar? ¡o tirarse al monte!