La Xunta carece de medios para la verificar datos como los padrones
29 may 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El máximo responsable de Inspección de Educación de la Xunta en A Coruña, Fermín Álvarez, explica que el sistema de admisión en los centros educativos ha mejorado sustancialmente desde el 2007 y que este año el 93 % de los niños entraron en el centro de preferencia de los padres.
Aun así, reconoce también las limitaciones del sistema de acceso a la red de centros públicos y concertados. Hay más control de la documentación y no es fácil que se cuele alguien con los papeles mal hechos. Pero el problema es que el control de los inspectores de Educación se acaba en los papeles. No hay forma de comprobar si lo que pone el certificado es lo que ocurre en realidad. «Lo ideal sería que la Administración pudiera castigar la picaresca», dice Álvarez.
Y es que otro aspecto importante de la regulación es que si se detecta a algún infractor, el castigo se limita a mandarlo al final del proceso, pero no hay una sanción económica ni de ningún tipo para quien miente a la Administración para conseguir una plaza por delante de otros que tenían derecho a ella.
¿Se puede comprobar que los datos del padrón son reales? «Educación no tiene facultad para eso», dice Álvarez, quien cuenta que «no ha disminuido el control ni las ganas de hacer justicia».
Un sistema informático permitiría, tal vez, reconoce, comprobar algún dato más, como el número de empadronados en una misma vivienda -ya se mira-, pero no permite ir a los domicilios. Actualmente los datos del padrón se cotejan con el domicilio fiscal, pero poco más se puede hacer.
Hay casos sangrantes, como el de una persona con un piso de 250 metros cuadrados en Juana de Vega que declaraba, para entrar en un concertado, unos ingresos anuales de 2.576 euros. Si a Hacienda le vale, Educación no puede hacer otra cosa. «¿Cómo demuestras que es mentira?».
También se podrían controlar los autobuses que cada día salen de determinados centros y van a otros municipios, aunque al final el problema es el mismo: hace falta alguien facultado para comprobar que esos niños no viven donde dicen que viven, sino en otros lugares. «Hay que ir más lejos y comprobar los domicilios, pero es una decisión fuerte», dice Álvarez. Implicaría que la Policía Local, por ejemplo, se implicara en el proceso. También «un castigo ejemplar» a los defraudadores ayudaría. Eso no es cosa de Inspección.