No ha pasado ni medio año. Fue en octubre del 2012 cuando el PSOE montó en cólera en el Parlamento de Galicia. Los socialistas acusaron al presidente de la Xunta de adjudicar contratos por valor de 1,4 millones de euros a una empresa en la que trabajaba su hermana. Pese a que la firma Eulen SA y el interpelado adujeron que la señora Micaela Núñez Feijoo era una simple empleada, las críticas arreciaron desde la oposición y se generó un debate interesante sobre lo legal y lo ético cuando se ostenta un cargo público.
Pero ya se sabe que los políticos solo muerden si están en la oposición, y nunca la mano que les da de comer. Los mismos colmillos que goteaban sangre al denunciar un presunto trato de favor de Feijoo permanecerán en bocas cerradas tras lo ocurrido ayer en el Concello de Vigo. El alcalde Abel Caballero adjudicó un jugoso contrato a la empresa que dirige una compañera de la ejecutiva local del PSOE. Samyl, que no es ninguna playa, vaya, vaya, se encargará de mantener limpios los cementerios municipales por la nada despreciable cantidad de 800.000 euros.
Hace tiempo que en el gobierno que maneja el dinero del pueblo vigués no se guardan las formas. Muchas cosas tienen apariencia legal y, sin embargo, no son nada estéticas. Caballero ha contratado a hijos, cuñados o parejas de seis concejales, le ha adjudicado el arreglo de cientos de aceras a empresas que subcontrataban el hormigón con uno de sus ediles y ha beneficiado a varios miembros de su ejecutiva. A Julia López ya le quiso dar un millón de euros por montar un parque pirata en Castrelos. La apoderada de Samyl fue candidata en las últimas autonómicas y se quedó a un puñado de votos de formar parte del grupo parlamentario que da lecciones de ética.
diego.perez@lavoz.es