Vigo es la quinta provincia «de facto» de Galicia. Aunque no está en los papeles ni los mapas, funciona como tal en la práctica. Tiene sedes de la Xunta, Diputación, Agencia Tributaria, Dirección General de Tráfico, comisaría, un partido judicial con 36 juzgados y dos secciones de la Audiencia, tres hospitales públicos, una oficina de Aduanas, Zona Franca, Universidad, Uned, futura estación de AVE, un aeropuerto, y un área metropolitana que abarca 14 municipios. Además, cada año llena las arcas del Estado con 1.000 millones en impuestos, más que Soria, Teruel y otras provincias.
Por ello, si un día, el Gobierno dibujase una raya en un mapa, a la altura de Rande, y declarase oficialmente a Vigo como la quinta provincia, la vida seguiría igual porque, realmente, la ciudad ya cuenta con todo lo que necesita para funcionar. No podría decirse lo mismo de Santiago o Ferrol, que carecen de salas de Audiencia Provincial, por ejemplo.
Esa idea flota estas semanas en el aire a raíz de la polémica surgida sobre el plan para eliminar el partido judicial de Vigo. Muchos vigueses han tomado conciencia de la fragilidad política de una ciudad que es un caso único en España, una mutación en el modelo decimonónico de capitales. Vigo no sale en los mapas pero ejerce su influencia en el norte de España y Portugal.
Pero, a la vez, salta su fragilidad a nivel político. La prueba es que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, borra de un plumazo el partido judicial de Vigo y se queda tan ancho. Así, en la comisión de Justicia en el Congreso al comparó a Vigo con ciudades-dormitorio que rodean a Madrid como Getafe, Alcalá o Móstoles, que no pasan de 210.000 habitantes. Si estos pueblos son una excepción en su reforma judicial, con mayor razón Vigo, la provincia fantasma de España que no sale en el mapa pero está ahí.
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