La implantación de tasas para acceder a la Justicia, al margen de la capacidad económica del litigante, ya está produciendo los efectos deseados por el Gobierno: el nivel de demandas y recursos está disminuyendo. Si se mantiene en el tiempo la actual crisis económica, es previsible que en un futuro cercano los juzgados y tribunales solo tramiten asuntos de beneficiarios de justicia gratuita, entidades financieras, compañías aseguradoras y multinacionales. El justiciable de clase media es una especie en peligro de extinción, y me refiero a todos aquellos integrados en familias cuyos recursos económicos oscilen entre los 1.240 y los 1.860 euros mensuales brutos (dependiendo del número de convivientes), quienes no podrán disfrutar del beneficio de justicia gratuita e, ineludiblemente, tendrán que afrontar las tasas judiciales que, en muchos casos, comprometerán su nivel mínimo de subsistencia. Si, como justificó en su momento el señor Gallardón, las tasas se recaudan para financiar la justicia gratuita, resulta a todas luces descabellado que se pretenda facilitar el acceso a la justicia a unos a expensas de otros. Eso no es solidaridad social, es una desigualdad inconstitucional.