Los dueños de fincas regables tienen que pagar lo que costó construirlo
19 feb 2013 . Actualizado a las 14:54 h.No importa que lo cierren, ni que entierren los canales o decidan demoler la presa de Vilasouto. Los propietarios de las más de 2.000 hectáreas regables en los municipios de Monforte, Bóveda, A Pobra do Brollón, Pantón y Sober tendrán que seguir pagando hasta compensar al Estado por lo que costó construir esa infraestructura en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado. No está claro cuánto tiempo más tendrá que pasar para que la deuda se considere saldada, pero en la directiva de la comunidad de regantes calculan que difícilmente lo conseguirán antes del 2050, noventa años después de su construcción.
Los actuales responsables de la comunidad de usuarios pondrán estos datos sobre la mesa en la trascendental asamblea que tienen convocada para el domingo. En la anterior asamblea, celebrada a finales del año pasado, informaron a los socios de que ya no hay más margen para seguir retrasando el pago de los tres millones que le deben al Ministerio de Medio Ambiente en tasas impagadas por el consumo de agua y el mantenimiento de canales y embalse. Tampoco se puede retrasar más el abono de las cuotas anuales para poder seguir regando. En aquella reunión, los asistentes pidieron a la directiva que convocase otra para votar sí o no a la disolución de la comunidad y a una petición formal de cierre completo de los tres canales.
Otra alternativa
En aquel momento no parecía haber otra alternativa. Tres meses después, la directiva ya no es tan tajante. «Imos presentar un proxecto de futuro para o regadío», anticipó ayer la presidenta de la comunidad, Alicia Toirán. Con el actual nivel de uso, el regadío no tiene futuro porque los pocos usuarios no le sacan rendimiento económico suficiente como para pensar siquiera en pagar las cuotas que exige el ministerio.
¿Cuál es entonces la solución? «Habería que traballar máis terras para facer máis rendible a xestión», explica Alicia Toirán. El caso es cómo conseguirlo en una zona de agricultura y ganadería débil y en la que en los últimos cuarenta años solo se pudo hacer concentración parcelaria en una porción minoritaria del área de influencia del regadío.
El proyecto que la directiva presentará el domingo a los socios pasa por aprovechar la Lei de Mobilidade de Terras aprobada por la Xunta hace menos de dos años. Esa legislación permite unir fincas para hacerlas más trabajables. Los regantes consideran que les será más útil que el Banco de Terras, que apenas ha supuesto cambios para ellos. «No Banco de Terras podes meter unha finca aquí e outra alá, pero non se xuntan», recuerda la presidenta de los usuarios del regadío.
En la directiva de la comunidad creen que en estos momentos es factible tratar de incrementar, por ejemplo, la producción de cereal. Los detalles concretos de su proyecto los presentarán en la asamblea del domingo, a la que esperan que asistan muchos más propietarios de terrenos de los que suelen ir a esas convocatorias.
La deuda pendiente
El domingo, la directiva explicará que la opción del cierre los mantendría atados al pago de la amortización del coste de las obras -en los años sesenta, la cifra que se difundió fue de mil millones de pesetas de aquella época-. Y también al pago de los costes de mantenimiento, al menos hasta que el ministerio no cegase físicamente los canales de riego.
La documentación que maneja la Confederación Hidrográfica miño-Sil eleva a 7,7 millones de euros el coste de los trabajos de mejora y mantenimiento llevados a cabo en el embalse de Vilasouto y en los tres ramales del regadío desde 1964 hasta el 2007. En esa cuenta no entrarían los mil millones de pesetas que costó la construcción del regadío y el embalse en los años cincuenta y sesenta, según las informaciones difundidas por los medios de comunicación en aquella época.