Los miembros de la directiva no descartan reclamar daños y perjuicios
24 nov 2012 . Actualizado a las 07:00 h.La última junta directiva de Neria sirvió para que la comisión permanente, por boca del tesorero, Antonio Cundíns, informase a los socios de los trámites realizados durante el último año y medio con el Banco Gallego, para la consecución de un crédito. Unas negociaciones en las que el «ninguneo» y la «falta de profesionalidad» de los representantes de la entidad financiera, llegaron a comprometer la viabilidad de la asociación, según denuncian sus responsables.
El expresidente de Neria, Ramón Vigo, según expuso Cundíns, llegó a concertar cita en tres ocasiones distintas a finales del 2011 para firmar ante notario un préstamo de entre 200.000 y 400.000 euros que permitiría hacer frente a las necesidades de liquidez de la organización. El banco, con el que supuestamente ya existía un acuerdo verbal relativo a ese crédito, se ausentó en todas ellas y fue posponiendo la fecha, después de alegar que su apoderado no podía comparecer en los días señalados.
Neria, siempre según explicó el tesorero, había mantenido durante los últimos años una cuenta en el Banco Gallego con un saldo medio de entre 600.000 y 700.000 euros, que hacía que las relaciones fuesen fluidas. Una vez disminuida esa liquidez, los contactos, primero con los responsables locales y luego con los provinciales del banco, también iban por buen camino, hasta el punto de que la asociación propuso acogerse a una línea de crédito o bien a una solución hipotecaria ofreciendo como aval el edificio que tiene en Cee. La entidad financiera eligió la segunda opción e envió un tasador que valoró la propiedad en unos 800.000 euros y cobró por ello 1.200, cantidad que le fue cargada directamente en la cuenta de Neria, sin factura, pese a reclamarla en repetidas ocasiones.
La falta de financiación, unida a los 356.000 euros adeudados por distintas Administraciones y a los vencimientos a los que tendrá que hacer frente Neria, sitúan a la asociación en una tesitura más que complicada, a la que sumará próximamente la salida formal del Concello de Corcubión y la probable demanda de la entidad para tratar de cobrar los más de 52.000 euros en cuotas atrasadas.