Julio González dejó de ser jefe oficialmente pero sigue en Ramón Ferreiro
04 nov 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El próximo día 18 de diciembre se cumplirán cuatro años desde que la jueza Estela San José, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, entró en las oficinas de la Jefatura Provincial de Tráfico. Por aquel entonces estaba en plena faena investigando las tramas de retirada de multas. Ahora, transcurrido el tiempo ya se conoce que hay casi cien imputados, entre ellos varios funcionarios de la casa de la avenida de Ramón Ferreiro que siguen trabajando en la misma.
La operación únicamente le costó el puesto al que era entonces el subdelegado del Gobierno, Jesús Otero. Con el paso del tiempo dejó la vida política para volver a desempeñar su oficio de profesor. Cambió el despacho del caserío de Armañá por las aulas.
Por Ramón Ferreiro no hubo demasiados cambios. Julio González, el responsable de la Jefatura Provincial aguantó este puesto, aún estando imputado varios meses. Finalmente fue apartado del mismo.
Para tratar de apagar la gran llamarada, la DGT envió a Lugo a Cristóbal Cremades que era el jefe de la jefatura de Madrid y también el presidente de la Asociación de la Escala Superior de los Técnicos de Tráfico. Estuvo un par de meses, pero lejos de apagarse la polémica en esa casa, los problemas seguían en aumento porque se destapaba también una presunta corruptela en relación con la concesión de carnés de conducir a ciudadanos chinos y camioneros búlgaros. Finalmente este caso, tras diversos avatares, quedó sobreseído.
Cremades, que con la llegada al poder del Partido Popular fue nombrado secretario general de la DGT, dejó el puesto a Gonzalo León, un abulense que estaba como subjefe de Toledo. Se incorporó en la primavera de 2009 y en mayo de este año fue designado como jefe provincial de Zamora.
Durante todo este tiempo Julio González continuó formando parte de la plantilla de Lugo. La marcha de Gonzalo León fue suplida por Paula Yubero, que era la subjefa provincial y que ya asumiera la jefatura durante unos meses después de la marcha del anterior jefe.
Mientras en la cúpula se movían fichas, en la base no hubo cambios. Además de seguir Julio González, también continuaron en sus puestos las funcionarias imputadas, María Consuelo Fernández Mariño, jefa de sanciones a la que imputan por falsedad documental y María Fuenteseca, a quien la jueza le atribuye un presunto tráfico de influencias y falsedad en documento público.
González, según aseguraron varias personas relacionadas con Tráfico, tendría cometidos relacionados con multas y, según las últimas versiones que circularon por la casa de Ramón Ferreiro, su próximo destino como funcionario pasaría a otro organismo, sin embargo esta cuestión no llegó a confirmarse.
Los documentos que se llevó la jueza Estela San José, afectan a expedientes instruidos entre los años 2005 y 2007. Agrandar la investigación posiblemente supusiera también alargarla extremadamente en el tiempo y, sobre todo, podría acabar con centenares de personas imputada. Finalmente son 92, aunque será la fiscalía la que decida al respecto. Puede excluir de la acusación a algunos de los que están en las listas de la jueza si no aprecia indicios suficientes de delito.