La deuda acumulada por Cinur Consultores Urbanísticos e Inmobiliarios, que llevó a este grupo a presentar concurso de acreedores, está cuantificada en 78,6 millones de euros por el administrador nombrado por el Juzgado Mercantil, frente a unos activos de 55,2. Esta cuantía hacen del de Cinur el concurso más importante que se tramita en la provincia de Lugo y que supera al de Laboratorios Asociados Nupel. Del total del pasivo, 48,8 millones los reclama un único acreedor, NCG Banco S.A., «el principal proveedor financiero» de la sociedad.
El informe recoge como causas de la insolvencia de la empresa de la que es administrador el expresidente de la CEL Guillermo Sánchez Vilariño, además de las causas generales y propias del sector de la construcción, otras especiales y directas «protagonizadas por una entidad financiera, que han causado o agravado la insolvencia». Concluye que NCG Banco S.A. se llegó a convertir en los últimos años en el verdadero administrador de la concursada. Argumenta que tuvo capacidad de decisión, de disposición sobre la estructura financiera de la compañía, acceso a la información interna y control de su estructura comercial. Esto, según el administrador resulta relevante «a efectos de su calificación como administrador de hecho».
El administrador concursal llega a la conclusión de que las causas directas y específicas que han supuesto la insolvencia de Cinur fueron la existencia de un desfase entre la financiación proyectada para las obras y proyectos que pretendía llevar a cabo.
Plan de viabilidad
También se refiere al retraso en la instrumentación de las soluciones financieras diseñadas; al interés del que denomina «exclusivo proveedor financiero» por cubrir la deuda, dejando al margen otros proyectos; al incremento de los costes financieros y al «control creciente y exhaustivo» de NCG Banco.
El informe hace además alusión a que Cinur presentó la documentación para poner en marcha un plan de viabilidad sobre la base de un proyecto de convenio y una serie de premisas. Esta propuesta, sin embargo, no lleva las adhesiones que estipula la ley, por lo que el administrador no entra a valorarla en su informe. La empresa también comunicó su intención de continuar con la actividad, para lo que ha dado una serie de pasos encaminados a un saneamiento económico de reducción de costes.
El informe concursal puntualiza también que no existe constancia de que Cinur haya optado por la liquidación.
La empresa lucense centró su actividad en los últimos años en un edificio de 92 viviendas de la calle General Sanjurjo, de A Coruña; en otros tres de protección autonómica de la plaza do Castiñeiro, Lamas de Prado y Álvaro Gil, en la capital lucense; y en el desarrollo urbanístico de una parcela en el Ayuntamiento de La Oliva, en Fuerteventura. Inicialmente iban a ser apartamentos de lujo, pero se reconvirtieron en viviendas de promoción autonómica en régimen de alquiler para colectivos vulnerables.