Pide a la Administración que identifique a quien autorizó las obras
13 sep 2012 . Actualizado a las 07:00 h.La Fiscalía de Ferrol ha solicitado a la Administración gallega que identifique a los responsables que permitieron el inicio de las obras de sellado de los taludes de la autovía Ferrol-Vilalba AG-64, en las que resultó gravemente dañada una de las tres mámoas de un círculo lítico de 5.000 años de antigüedad.
Los enterramientos primitivos, que están inventariados por la Dirección Xeral de Patrimonio, resultaron dañados en noviembre del 2009, cuando la maquinaria que trabajaba en el sellado de los taludes invadió la zona de protección de las piezas.
El hecho fue denunciado por la entidad ecologista Adega y la plataforma en defensa del círculo lítico, que calificaron lo sucedido de «atentado patrimonial».
La Fiscalía de Ferrol continúa con las pesquisas porque entiende que se produjo una negligencia cuando se pusieron en marcha los trabajos que provocó la destrucción del yacimiento.
Durante las investigaciones anteriores se llegó a imputar a los responsables de la empresa que acometió los trabajos, pero la imputación quedó sobreseída a finales del año pasado.
Los responsables insistieron en que nadie les informó de la presencia de los restos arqueológicos, que se encontraban cubiertos bajo vegetación y no fueron advertidos por los operarios. Durante la investigación no ha aparecido documento alguno que contradiga su versión de que no fueron avisados, por lo que la Fiscalía considera que no son culpables de la destrucción de los restos arqueológicos.
Además, al contrario de lo que se hizo cuando se construyó la autovía, la Administración no requirió a un arqueólogo para supervisar las obras y garantizar que no afectasen a las mámoas. La fiscalía se basa en ambas circunstancias, la falta de ese técnico y que ni siquiera se avisase a los responsables directos de los trabajos de la presencia de los enterramientos, para entender que se produjo una negligencia.
Identificación necesaria
Pero para que la causa progrese es necesario que la Xunta identifique a los responsables de dar la orden de iniciar las obras sin tomar esas precauciones, ya que las Administraciones públicas no están sujetas a la ley que recoge la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que además entró en vigor después de que ocurriesen los hechos.
Además, si se les identifica, la Fiscalía aún deberá determinar si les acusa y en que grado. Los hechos podrían ser constitutivos de una imprudencia, pero solo las de tipo grave son resueltas por la vía penal.
Los graves daños en el yacimiento provocaron un fuerte rechazo en As Pontes, donde varios colectivos exigieron que se restituyesen los elementos dañados del conjunto.