Un tercio debería hacerlo este año pero se demora por falta de una tasa
11 sep 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Más de 8.000 edificios habrán de someterse a una inspección técnica para garantizar sus condiciones de uso antes del 2016. Se trata de los que han cumplido ya los 40 años, el plazo de vida que marca la ordenanza municipal de Inspección Técnica de Edificios (ITE) aprobada recientemente y que obliga a pasar esa revisión, salvo que hayan sufrido una rehabilitación integral. En ese caso, el plazo comienza a contar desde entonces.
Ahora mismo hay 8.265 inmuebles con al menos esa antigüedad, y todos ellos han de cumplir con ese requisito, así como los que vayan adquiriéndola en adelante. Y más de la mitad (casi 4.950), los construidos con anterioridad a 1953, tendrán que hacerlo en el 2013 ante la imposibilidad de poner en marcha ya esta medida este año.
Según el calendario que fija la ordenanza, los anteriores a 1930 deberían revisarse en el semestre actual. Pero no podrá ser ante la carencia todavía de la tasa que llevará pareja. Y es que esta está todavía en estudio y no entrará en vigor antes de diciembre, según los cálculos que maneja el departamento de Urbanismo, lo que arrastrará las inspecciones de este semestre (más de 3.000) al 2013.
El Ayuntamiento pretende, sin embargo, que esta demora no afecte al calendario propio del próximo año, en que habrán de inspeccionarse los edificios construidos entre 1930 y 1952, casi 1.800 inmuebles.
En cualquier caso, en diciembre del 2015 habrán de estar todos los edificados antes de 1973, salvo los declarados bien de interés cultural y los catalogados con el grado de protección integral, que dispondrán hasta finales del 2020.
Pero no será la tasa municipal el único gasto al que tendrán que hacer frente los propietarios de estos inmuebles, pues también corre por su cuenta el coste de las inspecciones, que han de realizar técnicos competentes. Y si de la revisión se concluyese la necesidad de abordar obras para garantizar las condiciones exigidas de seguridad, habitabilidad y funcionalidad, deberán solicitar la oportuna licencia en un tiempo límite. No asumir estas revisiones en período voluntario puede acarrear multas de hasta 6.000 euros, y además Raxoi puede ordenarlas de forma subsidiaria.
Aunque los propietarios podrán contratar los trabajos con quien quieran, siempre que sean técnicos habilitados, el Concello está pendiente de valorar con el Colexio de Arquitectos de Galicia la fijación de un convenio que permita homologar precios para esas inspecciones y elaborar un listado de técnicos.