l juez Garzón es un ciudadano más y está sometido a la justicia como cualquier otro. Si no se asume esto, es imposible opinar con imparcialidad. Admitir, como pretenden algunos, que es víctima de una conspiración por su intento de juzgar los crímenes de Franco, implicaría que los prevaricadores son los siete jueces del Supremo que firmaron ayer su condena por unanimidad. Algo bastante difícil de asumir. Obviamente, no es casual que se enfrente a tres acusaciones simultáneas de prevaricación. La extrema derecha quiere acabar con Garzón. Pero lo relevante no es quién lo acusa, sino si es culpable o no. Y ha sido condenado en un juicio justo, se comparta o no la sentencia. Negar esto es cuestionar que España sea un Estado de derecho. Al margen del veredicto, no se entiende que los mismos que defienden, con toda razón, que en democracia un procesado goce de las máximas garantías para su defensa, respalden que se puedan escuchar las conversaciones de un abogado con su cliente, por graves que sean los delitos imputados. Y se comprende mal que desde el progresismo se defienda sin matices a un juez que llama «querido Emilio» al mayor banquero del país; le pide dinero para que subvencione los cursos que imparte en el extranjero mientras sigue cobrando su sueldo en España y después no se inhibe cuando le llega un caso que afecta a este banquero. Un juez, además de ser honrado, debe parecerlo.
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