Los bancos se aproximan estos días a las nuevas exigencias de saneamiento que les impondrá el Gobierno vía decreto. Es una reforma que se ha cocinado casi al margen del sector, con lo que ello tiene de bueno y de malo, como una menor capacidad de presión corporativa, pero también un relativo desconocimiento de los problemas. La posibilidad de que se estreche al máximo el cerco sobre el inmobiliario, con exigencia de provisiones no solo sobre los activos problemáticos, sino también sobre los préstamos que están al corriente de pago, ha encendido nuevas alarmas.
El presidente del Banco Popular, Ángel Ron, dio ayer la cara por un sector como el inmobiliario e invitó a «no demonizar» la vivienda, un activo que es el principal patrimonio de los españoles. «Deprimir su valor no traerá nada bueno para el consumo de las familias», pronosticó, porque consecuentemente también devaluará ese activo de los hogares. Añadió que vender el stock de inmuebles es una prioridad para el país, y que el ajuste del valor no puede ser la única vía.