Aunque desde la aerolínea se insistía en que su prioridad era lograr reubicar a los pasajeros afectados, lo cierto es que en la práctica era misión a veces imposible y muy cara. Y es que los viajeros que durante la mañana de ayer llegaban a los mostradores de Spanair en el aeropuerto madrileño de Barajas, donde tres empleados aún permanecían atendiendo a los afectados, eran informados de lo que ya sabían: que la compañía había «cesado sus operaciones» y que, por consiguiente, todos los vuelos quedaban cancelados.
La alternativa para volar, por tanto, era comprar otro billete y luego presentar las correspondientes reclamaciones solicitando la devolución del importe. «No va a ser en un día ni en dos, lleva tiempo», informaban a una pasajera en el mostrador de reclamaciones de Aena.
En colaboración con la Generalitat, Spanair llegó a un acuerdo con tres compañías -Iberia, Vueling y Air Europa- para que los pasajeros que compren su billete y vuelen en los próximos tres días tengan una tarifa especial, denominada «de rescate», de entre 60 y 100 euros en función del destino. Además, el Ministerio de Fomento dio la orden de que no se cobren las tasas aeroportuarias, de entre 8 y 10 euros.
Pero dicha medida no impidió un creciente malestar, ya que muchos viajeros se quejaron de que los billetes con tarifa «de rescate» eran limitados y que los que las compañías les ofrecían tenían precios desorbitados, situación esta también denunciada desde las organizaciones de consumidores.
Durante la jornada, Aena registró en el aeropuerto de Barajas 474 reclamaciones (casi 200 en El Prat) y más de 3.500 llamadas telefónicas.
Trabajadores dando la cara
En los mostradores de la compañía en Madrid varios empleados fueron los encargados de «dar la cara» y atender a los afectados, sin perder la amabilidad, hasta media tarde, algo que, pese al lógico enfado, valoraron mucho los usuarios y también la ministra de Fomento, que les agradeció «su paciencia, trabajo y abnegación».
En el terreno político, las reacciones al cierre de la aerolínea -que podría solicitar esta misma semana concurso de acreedores- no se hicieron esperar. Mientras que desde Spanair insistían en que las cosas se habían hecho «bien», el presidente de la Generalitat, Artur Mas, reforzaba el discurso asegurando que se había hecho «todo lo que se pudo» para salvarla, pero que el proyecto no podía ser «un pozo sin fondo» en estos momentos de recortes de gasto.
La ministra Pastor respaldó la actuación de la Generalitat, y la presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, tachó de «poco realista» el proyecto. El PSOE pedirá explicaciones. Alfredo Pérez Rubalcaba calificó de «intolerable» la forma en que la compañía cesó su actividad.