Las reformas anunciadas por Gallardón no resolverán los problemas de fondo de la Justicia en España, según los operadores judiciales.
26 ene 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Alberto Ruiz-Gallardón, en su estreno de ayer ante la Comisión de Justicia del Congreso, anunció una serie de iniciativas que fueron presentadas como parte de un plan para llevar a cabo una profunda reforma del sistema judicial español. En realidad, según distintos operadores judiciales consultados -jueces, fiscales y abogados-,
estas reformas tienen todos los visos de ser más efectistas que efectivas. Todos ellos coinciden en que el epicentro del problema del sistema procesal español, especialmente en el ámbito penal, radica en la excesiva carga de trabajo y en la incapacidad del sistema para ejecutar las sentencias que se dictan.
Para reducir la carga de trabajo abogan por sacar las faltas del Código Penal y llevarlas al ámbito administrativo, fomentar la mediación en el ámbito mercantil y civil, y también en el ámbito familiar, subsanando así el error que se cometió en su día prohibiendo la mediación en la Ley de Violencia de Género.
Consideran que esa reducción de la carga de trabajo dejaría más tiempo a los jueces para dedicarse a la ejecución de las sentencias y liberaría recursos humanos y materiales que harían innecesaria la creación de nuevos órganos judiciales.
Apuntan también que «habría que apostar con más contundencia por la lucha judicial contra la criminalidad organizada e incautar sus bienes porque sería una inversión rentable y generaría unos recursos de los que ahora carecemos. En apoyo de esta propuesta citan unas declaraciones efectuadas en su visita a España por Pietro Grasso, en las que dijo que la Fiscalía Antimafia italiana que él dirige intervino solo en un año 5.000 millones de euros a organizaciones criminales y que, de haber tenido más medios, habría conseguido el doble.
copago
Efecto disuasorio, ¿para quién? Ruiz-Gallardón pretende implantar tasas judiciales a partir de la segunda instancia para reducir la litigiosidad y evitar abusos. La Ley de Agilización Procesal, recientemente aprobada, ya fijó tasas bastante elevadas en el ámbito contencioso y civil. Implantar otras nuevas sería sería fijar un umbral disuasorio por debajo del cual ya nadie va a recurrir, especialmente los que tienen menos recursos.
Prisión permanente revisable
Innecesaria y de dudosa constitucionalidad. Se propone como una pena excepcional para supuestos muy restringidos y que hubieran causado una gran alarma social. Juristas relacionados con el mundo penitenciario consideran que sería una medida innecesaria porque en España se tiene un grado de cumplimiento de las condenas superior a los países de nuestro entorno y añaden que la medida antes de ser implantada requiere un análisis detallado sobre su constitucionalidad.
Nueva ley del menor
Una exigencia del Tribunal Constitucional. Antes del caso Marta del Castillo, que parece ser el detonante de la iniciativa gubernamental, el Tribunal Constitucional ya ha dicho que «los mismos hechos no pueden existir y dejar de existir», con lo que no tiene sentido juzgar por separado y por unos mismos sucesos a los acusados si son mayores o menores de edad. Ello sin que queden mermados los derechos del menor.
Elección del CGPJ
Seguirá la politización. El Gobierno parecer estar decidido a volver a la fórmula primigenia de elección de los integrantes del órgano de gobierno de los jueces para que 12 de ellos sean designados directamente por los jueces, superando «cuotas partidistas». Los jueces no adscritos a las asociaciones mayoritarias se preguntan: «¿Qué más da que los proponga el PP o la APM?».
Análisis