omo ocurre muy pocas veces, cuando el ministro Montoro tiene razón, hay que dársela. Y ahora tiene toda la razón cuando dice que no es posible cerrar el 2012 con un déficit público del 4,2 %. Imposible o indeseable. Imposible porque la sociedad española no puede soportar un ajuste presupuestario de 40.000 millones de euros en un solo ejercicio. Indeseable porque si se hace, además de un enorme coste social, provocaría un agravamiento de la recesión de la economía española alejándonos todavía más del objetivo de reducir el desequilibrio presupuestario.
La senda de consolidación fiscal pactada con la Unión Europea implicaba un ajuste de 18.000 millones un escenario de crecimiento económico en el 2012. Hoy ya sabemos que el ajuste de 40.000 millones, más del doble, habría que hacerlo en medio de la recesión de la economía española y de muchos países de la UE. Y así es imposible.
Reducir el déficit en cuatro puntos del PIB supondría un brutal esfuerza que obligaría a una subida de 4 o 5 puntos en el IVA, a paralizar las inversiones públicas, a bajarle el sueldo otra vez a los empleados públicos, a deteriorar servicios básicos, reducir las prestaciones por desempleo e incluso a tocar las pensiones. Y aun así, todo este dolor social no serviría para nada. Un reciente informe del FMI alerta de los peligros de la consolidación fiscal y estima que por cada punto en el que se reduzca el déficit se provoca una caída de 0,65 puntos en el PIB en dos años. Trasladado a España, los cuatro puntos de ajuste deprimirían la actividad económica en 2,6 puntos sobre la actual previsión del propio FMI de crecimiento negativo para 2012 y 2013.
Y ahí entraríamos en un círculo que más que vicioso sería infernal. Menos actividad económica es menos renta, menos beneficios, menos consumo y por lo tanto una caída de la recaudación fiscal, lo que obliga a más ajustes en el gasto para alcanzar el objetivo de déficit.
Una carrera loca porque cuantos más ajustes se realizan más se aleja el cumplimiento del déficit. Por eso Montoro, que es economista, tiene razón. Pero su jefe, el presidente Rajoy, no se la puede dar.
Porque en la oposición y en la campaña electoral calificó de sacrilegio las propuestas del movimiento sindical y de la izquierda europea para dilatar en dos o tres años el calendario de ajuste en las cuentas públicas. Ahora es preso de sus palabras y parece estar dispuesto a llevarnos al desastre para no desdecirse, aunque más temprano que tarde veremos cómo el directorio franco alemán corrige este rumbo.
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