El juez reveló en su auto la existencia de una cuenta compartida con su esposa Sonsoles en la que Análisis Relevante ha ingresado 490.780 euros
22 may 2026 . Actualizado a las 10:26 h.El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordenó el pasado martes el bloqueo de las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de la investigación sobre el rescate público de Plus Ultra, la misma jornada en la que levantó el secreto de la causa, citó al expresidente para declarar como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales y autorizó registros en varios puntos clave de la investigación. La decisión se enmarca en la causa que examina si la ayuda de 53 millones de euros concedida por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea durante la pandemia estuvo precedida de una red de intermediaciones, contratos de asesoría y pagos que habrían acabado beneficiando al entorno del exjefe del Ejecutivo.
Entre los depósitos congelados, según fuentes de la investigación, está una cuenta del Banco de Santander titulada por José Luis Rodríguez Zapatero y María Sonsoles Espinosa Díaz. En esa cuenta, según Calama, constan abonos procedentes de Análisis Relevante —la consultora controlada por Julio Martínez Martínez— por 445.200 euros entre el 11 de marzo del 2021 y el 20 de junio del 2025. El instructor precisa además que la información bancaria analizada abarca también 2020, año en el que se localizaron tres transferencias por 29.680 euros, de modo que, «teniendo en cuenta el conjunto de información disponible», Análisis Relevante habría abonado a Zapatero 490.780 euros entre el 2020 y el 2025. El auto añade que en las cuentas de Análisis Relevante se reflejan pagos a Zapatero por 458.980 euros y a Whathefav por 239.755,01 euros, dentro de un circuito de fondos nutrido por Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa.
El juez también identifica otros ingresos en esa misma cuenta ligados, según la resolución, a la actividad actual del expresidente en conferencias internacionales, mediación, asesoramiento estratégico, análisis, reflexión y docencia en el ámbito geopolítico, institucional y académico. En concreto, el auto recoge 37 transferencias de Thinking Heads Group por 649.552 euros, otras 37 transferencias de The Global Analysis & Trends In Emerging Regions —Gate Center— por 352.980 euros, y 2 transferencias de Thinking Heads Americas LLC por 31.766,04 euros. Calama conecta esos movimientos con Daniel Romero-Abreu Kaup, administrador único de Thinking Heads Group y fundador y presidente de Gate Center, y concluye que el grupo Thinking Heads abonó a Zapatero 681.318,04 euros y Gate Center otros 352.980 euros. Además, el auto subraya que las cuentas personales de Laura y Alba Rodríguez Espinosa recibieron transferencias relevantes desde Whathefav —247.191,06 euros y 199.904,25 euros, respectivamente— y que en ambas figura autorizado Zapatero, algo que, para el instructor, «refuerza la conexión operativa entre los distintos actores del entramado».
El bloqueo de las cuentas forma parte del paquete de medidas acordado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número cuatro tras meses de investigación secreta. Ese mismo martes, la UDEF registró la oficina del expresidente en la calle Ferraz, situada a escasos metros de la sede nacional del PSOE, y la mercantil Whathefav, la empresa de sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa, que aparece en el auto como una de las sociedades receptoras de fondos procedentes del entramado investigado.
La medida cautelar no solo busca asegurar posibles responsabilidades económicas, sino también impedir que los fondos puedan moverse a otras cuentas, diluirse entre sociedades o quedar opacados dentro del entramado financiero que investiga la Audiencia Nacional. Calama ha situado ya la causa en un estadio indiciario muy avanzado y atribuye a Zapatero un papel central en una «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» cuya finalidad habría sido la «obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros», principalmente Plus Ultra. La aerolínea, de capital vinculado a empresarios venezolanos, recibió en marzo de 2021 un préstamo público de 53 millones del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI.
El instructor no se limita en su auto a cuestionar la legalidad administrativa del rescate. Su tesis apunta a una operativa más amplia: empresas que buscaban acceso a decisiones públicas, sociedades que facturaban supuestos servicios de consultoría, contratos de asesoramiento, informes de apariencia profesional y pagos que, según la investigación, acababan en Zapatero y su entorno familiar. En ese mapa aparecen Análisis Relevante e Idella Consulenza Strategica, sociedades controladas por Julio Martínez Martínez, amigo personal del expresidente; Gate Center y Thinking Heads; y Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero.
El auto cifra en casi dos millones de euros los pagos que habrían llegado al expresidente y a Whathefav a través de distintas sociedades. Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a la mercantil de sus hijas. Gate Center habría enviado otros 352.980 euros al exjefe del Ejecutivo y 171.727 euros a Whathefav. A ello se sumarían 681.318 euros abonados por sociedades del grupo Thinking Heads al expresidente y otros 12.297 euros a la firma familiar. Zapatero ha defendido públicamente que esos ingresos responden a trabajos reales de consultoría y que su actividad se hizo siempre mediante facturas y tributación ordinaria.
Uno de los puntos más sensibles de la investigación es el contrato por el que Idella, otra sociedad de Julio Martínez, pactó con Plus Ultra el cobro del 1 % del rescate, unos 530.000 euros, si la ayuda pública salía adelante. Calama vincula ese acuerdo con la creación de una sociedad en Dubái, Landside Dubai o Landside Middle East, que podría haber servido para canalizar fuera de España esa comisión. La proximidad temporal entre la firma del contrato, las gestiones para crear la sociedad offshore y la ausencia de pagos en España es uno de los indicios que el juez subraya para sostener la existencia de una posible estructura de ocultación.
El bloqueo de cuentas se suma a los registros ordenados tras el levantamiento del secreto. La UDEF entró esta semana en la oficina de Zapatero en Ferraz, que el auto describe como centro de coordinación documental y operativa de la red, y en la sede de Whathefav. El juez autorizó también diligencias sobre otras sociedades relacionadas con el circuito de pagos, aunque rechazó registrar el domicilio particular del expresidente en Las Rozas al no apreciar indicios concretos suficientes que justificaran una medida tan invasiva.