Aunque ya hay un ramillete de sentencias que establece la versión probada de los hechos, en las últimas semanas han salido a la luz varios documentos con los que tanto PP como PSOE quieren apuntalar sus respectivos relatos.
Así, desde el gobierno local insisten en que los documentos obrantes en el expediente aportan indicios de que en la tramitación administrativa de la venta de los terrenos pudieron cometerse algunas irregularidades. En ese sentido, aluden al informe en el que el departamento de Urbanismo informa favorablemente a la solicitud de los promotores que conformaban la junta de compensación del polígono urbanístico para que el Ayuntamiento le cediese las parcelas destinadas a vivienda protegida y el 10 % de aprovechamiento municipal en las mismas. Un informe que fue firmado el mismo día en el que los promotores presentaron su solicitud.
Los populares añaden que en ese documento, firmado por el entonces concejal de Urbanismo, Javier Losada, se citan informes favorables a la venta que aún no se habían redactado, como el de la arquitecta municipal, que fechan el 22 de octubre, cuando la resolución del servicio se dictó un día antes.
Los populares, que añaden que alguno de esos informes técnicos no aparecen dentro del expedientes, apuntan que es extraño que la junta de gobierno local aprobara la venta de los terrenos solo una semana después de solicitarlo los promotores, «cuando en el mejor de los casos un procedimiento similar puede demorarse meses», indicó Flores.
Expropiaciones de la Xunta
Por su parte, los socialistas se remiten a un documento, fechado el 22 de octubre del 2010 (una semana después de la primera sentencia que condenó al Ayuntamiento) en el que la Xunta reconoce que expropió al menos 19 fincas en Someso, con una extensión de 4.378 metros cuadrados. El documento, indica que cuando se levantaron las actas de ocupación, en abril de 1988, los terrenos pertenecían a sus propietarios originales, mientras que cuando se abonaron, entre 1990 y 1991, ya estaban a nombre del Ayuntamiento.
Se trata de un documento que los socialistas juzgan clave, ya que no se tuvo en cuenta en las primeras sentencias, por lo que entienden que el actual gobierno local debería utilizarlos para pedir la revisión de los fallos. Donde sí se ha presentado es en los catorce pleitos que se cursan actualmente y que corresponden a los propietarios que pidieron la reversión del suelo en el 2009. Entienden que, con los nuevos documentos aportados, que remarcan que el suelo ya era urbanizable cuando se expropió, los fallos que se dicten ahora podrían ser favorables al Ayuntamiento.