Vuelve a salir a la palestra el ya manido asunto relativo al control de los horarios de los funcionarios públicos, planteado al hilo de un debate que relaciona la condición de los empleados de la Administración con la productividad real de los mismos. Vaya por delante que en una primera lectura no debemos olvidar cómo se adquiere la condición de funcionario en nuestro sistema legal, tras la superación de una serie de pruebas de naturaleza selectiva que priman los méritos de los aspirantes que intentan acceder a tales puestos en igualdad de condiciones. Dicho esto, la función pública ha venido entendiéndose en nuestro país como una suerte de seguro vital vinculado al mantenimiento de un puesto de trabajo fijo, que permanece invariable en el tiempo con independencia de los vaivenes políticos, y que dota al afortunado titular de un plus de seguridad vital.
Sin embargo, solemos asumir que, como contrapartida, el funcionario debe (y así lo exige la ley) desempeñar su labor con rigor, profesionalidad e independencia, actuando en beneficio del interés público. Y si todo es (o suena) tan radicalmente perfecto ¿por qué seguimos a vueltas con la necesidad del permanente control de la actividad funcionarial?
Leemos estos días en los medios de comunicación que el Ayuntamiento de Carballo, al hilo de otras actuaciones semejantes en diferentes Administraciones públicas, implantará sistemas de control de horarios a sus funcionarios. La medida en sí misma es frecuente en las empresas privadas, por lo que parece lógico que la Administración (acaso la primera empresa del país) también haga lo mismo. Pero cabe preguntarse dos cosas al respecto: en primer lugar, si tal medida se considera necesaria ahora, ¿qué ha cambiado en nuestra función pública local para que no se hubiera implantado con anterioridad? Y al hilo de esto, ¿supone dicha medida una advertencia o aviso a los funcionarios del Ayuntamiento de Carballo? Estos podrían sentir que en efecto se está poniendo en entredicho su profesionalidad y capacidad productiva, tras la implantación de un sistema de control que como mínimo les obligará a respetar estrictamente los tiempos de su jornada. Complicada situación para el responsable del área, para el que no será fácil conciliar la garantía de eficiencia del personal funcionario con la impopularidad de la medida.