Año de recesión para el alcalde de la localidad pontevedresa de A Guarda que, además de afrontar la crisis como cualquier otro ciudadano y gestionar en este marco los presupuestos municipales va a ver reajustada también su economía familiar con el embargo de parte de su nómina. Así lo establece la resolución dictada por el Contencioso Administrativo Número 3 con fecha del 22 de diciembre por la que se insta a la Interventora del Concello a que por mandato judicial, calcule, retenga y transfiera al Juzgado la parte proporcional de la nómina del regidor que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La cantidad apartada sufragará en conjunto los 1.500 euros de una de las multas coercitivas que acumula el regidor por no ejecutar la orden de derribo de una de las propiedades afectadas por la sentencia del TSXG que convirtió en papel mojado las 21 licencias concedidas entre 1999 y 2002 por alcaldes de distinto color político.
Este mes se cumplen precisamente cinco años desde esa anulación de permisos que, por otra parte, puso fin a otras batallas judiciales que se iniciaron una década antes.
Tres de las casas fueron derribadas por la Xunta mientras que las otras doce órdenes de derribo están sobre la mesa del alcalde.
El socialista José Manuel Domínguez Freitas abonó de su bolsillo una primera multa coercitiva de 1.200 euros a finales del 2010, «porque os veciños non poden pagar os erros da administración». Desde entonces, y sobreviviendo con el fantasma de las palas y con la consigna de todos los grupos que los exonera, una decena de propietarios continúa sin que se diriman responsabilidades o se establezcan posibles indemnizaciones antes de tener que abandonar las casas que construyeron con todos los preceptivos informes.
La Interventora municipal fijará hoy la cuantía a sustraer de la nómina del regidor y que podría ser de hasta cuatro dígitos. La sangría tampoco se saldará cuando sumen los menos 1.500 euros ya que, del mismo juzgado quedó sin pagar otra más de igual importe que no se prevé lejana. El alcalde pretende ralentizar al máximo la ejecución de los derribos pendientes que le tocan al Concello con el fin de que no se produzcan «antes de que se pueda legalizar alguna con el PXOM y o se establezcan las compensaciones».
José Manuel Domínguez Freitas no precisó ayer cuántas multas nominativas se han recibido hasta la fecha pero podrían haber llegado al menos otras cuatro de importes similares. No es aventurado decir que los requerimientos igualarán en cuestión de tiempo las doce órdenes de derribo pendientes en el Ayuntamiento.
Los propietarios construyeron las casas con todas las licencias y permisos municipales, ajenos incluso a una sucesión parararela de idas y venidas judiciales y administrativas que alguno solo conoció recién adquirida su vivienda y cuando ya había una sentencia firme del TSXG que anulaba su licencia y otras 20 «por estar en suelo no urbanizable de protección paisajística». La Xunta ejecutó en diciembre del 2009 las tres demoliciones que le correspondían. El Concello debe acometer los otros doce derribos que dimanan de las sentencias.