Expertos informáticos de la Guardia Civil llevan dos años hurgando en los móviles incautados al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y a varios de sus compinches, sin resultado hasta la fecha: prueba palmaria de que no se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, como nos evangelizaban en el catecismo para inocularnos el huevo de la serpiente. Parece que el juez García-Castellón, que dirige el caso Lezo, lo tiene crudo. Puede hallar consuelo en el método de marcha atrás asentado por el Gobierno mexicano con el hijo del narcotraficante Guzmán en Culiacán. En ambos casos, quedan en evidencia los recursos del Estado para hacer cumplir la ley según de quien se trate. Hay mucho refranero al respecto. Sería una vulgaridad hablar ahora de la suerte que corren, estos sin escapatoria, el ladrón de gallinas, el moroso de una eléctrica o el chorizo habitual. Como sería demagógico refrescar el dicho que sentencia que si debes mil euros, tienes un problema, pero si debes varios cientos de millones, el banco tiene el problema. Claro que este supuesto, mejor no meneallo: acaba siempre en el contribuyente. En fin, que los malos van por delante. En todo caso, asusta un poco que ese Estado burlado no pellizque, ya ni se me ocurre soñar que fuerce a que paguen los impuestos que deberían y los atrasos correspondientes a las multinacionales tecnológicas para que canten lo que saben o, siquiera, aclaren de qué lado están. Porque a estas alturas de la película quedan ya pocos ingenuos que imaginen que hay fabricantes de cacharros telefónicos que los ponen en venta sin quedarse con una copia del manual de instrucciones.