Cada vez que Navantia -ya desde los tiempos de Izar- elabora un plan de viabilidad, las empresas auxiliares de la comarca se echan a temblar. El modelo de astilleros de síntesis que ha ido primando en el sector ha otorgado un peso creciente a las subcontratas, sin las que hoy en día Navantia no podría materializar sus encargos de construcción de buques y mucho menos la reparación de los navíos. Algunas han sucumbido a la crisis que ha asolado el sector y han tenido que echar el cierre, y los listados del paro no han dejado de crecer con las plantillas de muchas otras que se han quedado sin faena.
En el panorama de desocupación, la actividad en la división de Reparaciones ha sido un bálsamo para el desempleo en el naval público de la ría, pero el plan de futuro de la empresa, que se sustenta sobre el ahorro de costes y la reducción de la subcontratación, enciende ahora las alarmas en el maltrecho tejido industrial de la comarca. La mayor parte del importe de los contratos de la división de Reparaciones se corresponde con el coste de la mano de obra, es decir, se queda en la comarca, por lo que los recortes que planea ejecutar la empresa pública en los precios que paga a sus subcontratas por los trabajos puede ser la puntilla para muchas de ellas.
Nadie discute que Navantia debe enderezar el rumbo y situarse en la senda de la rentabilidad, buscando la competitividad. Pero como empresa pública que es, tampoco debería de perder la perspectiva de que tiene una obligación con las comarcas sobre las que se asienta.