Novagalicia ha instado esta medida judicial por una deuda de 443.000 euros
21 jun 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Los trabajadores del Consorcio Pro-Ferias y Exposiciones son el vivo ejemplo de la desesperación. De una plantilla que rondó la veintena solo quedan cuatro tras los despidos efectuados en los últimos años y acuden desde hace diez meses a sus puestos sin cobrar sus salarios. Ayer conocieron que un juzgado de instrucción de la ciudad tramita el embargo de las instalaciones a instancias de Novagalicia, con quien el organismo tiene contraída una deuda por valor de 443.000 euros. Se corresponde con un préstamo hipotecario solicitado hace cinco años y para el que se presentó como aval las dependencias de FIMO. Ante el impago, la entidad bancaria ha solicitado la ejecución del embargo.
Tras años de anuncios por parte de las administraciones, manifestando su voluntad de implicarse en el relanzamiento del consorcio, la plantilla denuncia el «abandono» y «la falta de implicación por parte del Concello, Xunta y Diputación. Insisten en que con una buena gestión, FIMO sería viable y recuerdan que, en el período «de vacío de poder» se han llevado a cabo ferias que han reportado beneficios al organismo. «Estamos totalmente indignados de que un recinto público valorado en seis millones de euros sea embargado por esa cantidad, que supone el 7,4 % de su valor», advierten. Exigen que se acaben «las mentiras y la promesas falsas» y no descartan «emprender las medidas legales que sean necesarias para denunciar la situación si en un corto período no nos dan una solución».
Pese a los anuncios del Concello ferrolano de acometer una ampliación de capital para tomar el control del 70 % del capital del consorcio, actualmente el 55 % continúa ostentándolo la Cámara de Comercio y el 45 % restante la administración local. La Cámara está dirigida desde finales de año por una comisión gestora nombrada por la Consellería de Industria, tras la dimisión de la mayoría del pleno debido a los problemas económicos por los que atraviesa. Industria afirmó ayer que solicitó una auditoría de las cuentas antes de tomar posesión de FIMO, trámite impulsado por el Concello pero que aún no ha finalizado.
En este sentido se pronunció el alcalde, José Manuel Rey, quien afirmó que será la auditoría la que arroje la situación real de las cuentas. Afirmó que el Concello «responderá del porcentaje de las obligaciones que tiene contraídas en FIMO» y añadió: «Hemos hablado con la Xunta de la intención de salvar esta situación complicadísima que nos hemos encontrado y ya hemos dado pasos administrativos en esa dirección».
Mientras, Esquerda Unida pidió la dimisión del concejal de Hacienda y vicepresidente del consorcio, Alejandro Langtry, por la gestión del organismo.