Dentro y fuera de la empresa, es patente el malestar existente con la cúpula de Navantia. Las discrepancias entre el presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, y el de los astilleros públicos, José Manuel Revuelta, ya no se esconden. La puesta en escena de los últimos anuncios de encargos, como los BAM y un gasero, se llevaron a cabo tanto en Galicia como en Andalucía sin la presencia de Revuelta, y los directivos de la empresa dan la callada por respuesta cuando los trabajadores preguntan por los posibles contratos -como el famoso buque gris anunciado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro- que van soltándose una semana sí y otra también.
Tras el plan de viabilidad fallido, la negociación de un convenio colectivo que acabó en fiasco, la ausencia de frutos a la política comercial y principalmente la pérdida del contrato de construcción de cuatro gaseros para Gas Natural, la salida del presidente de Navantia, respaldado por Montoro, parecía irremediable. No se produjo, pero la dirección de los astilleros públicos está relegada a un papel completamente secundario en las decisiones que toma el Gobierno que la nombró.
Unida a la falta de ocupación, la desesperación de los trabajadores va en aumento, fruto de un organigrama que ha producido un baile de puestos entre numerosos operarios y un vaciado de competencias entre los experimentados. La toma de decisiones sobre algo tan sencillo como comprar unas brocas se traslada a cientos de kilómetros. Los bandazos y la improvisación se han instalado en las factorías.