Así lo aclaraba ayer el concejal de Urbanismo, Guillermo Evia, que defendía que la implantación de estas revisiones «no es un capricho municipal, sino una obligación de la legislación estatal». De hecho «todos» los edificios del municipio deberán pasarla, aunque para los de menos de medio siglo de antigüedad todavía no hay plazos. Con ello se conseguirán, precisó el edil, tres objetivos: «cumplir con la obligación legal, tener un diagnóstico de todas las edificaciones del ámbito municipal residencial y corregir las deficiencias y patologías que se puedan advertir, incrementado así la seguridad de todos los ciudadanos y mejorando las condiciones de habitabilidad de los ocupantes de las viviendas».
Evia admite que la exigencia de esta inspección «asusta mucho más» de lo que realmente comporta, ya al final, defiende, «no deja de ser como pasarle la ITV al coche».
