La SEPI dice que la ayuda financiera se fijará en el plan de viabilidad
09 oct 2013 . Actualizado a las 15:57 h.La historia de los astilleros públicos españoles ha estado marcada, como el propio proceso de construcción naval, por ciclos en los que se alternan momentos de plena expansión, con puntas elevadas de empleo y actividad, con otros valle en los que se sumerge en crisis que le hacen bordear el crac. Después de la última reconversión, en el 2004, el Gobierno puso el cuentakilómetros a cero en el sector, privatizó centros, prejubiló a miles de operarios y creó Navantia, con un capital social de 400.000 euros. Tras haber alcanzado cuotas de ocupación récord, a finales de la década pasada, la compañía pública podría estar cerca de entrar de un nuevo crac, si no se tomasen medidas. Después de cerrar el 2012 con pérdidas por valor de 78 millones de euros, las previsiones apuntan a que los números rojos de los astilleros públicos superarán este ejercicio los 100 millones, la cantidad más alta desde la creación de Navantia.
Ramón Aguirre, presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), aseguró el pasado lunes, en la comisión de Presupuestos del Congreso, que los astilleros son la principal preocupación de la corporación. Así, afirmó que en la empresa «hay una relación entre el patrimonio neto y el capital social que comienza a generar tensiones indeseadas», por lo que «va a ser necesaria la aportación de ayudas financieras adicionales».
Aunque Aguirre no concretó ni la cuantía ni la forma en la que se producirá ese salvavidas para las cuentas de la empresa, en el sector se da por hecho que se producirá mediante una aportación de capital. La SEPI sostiene, no obstante, que será en el plan de viabilidad en donde se fije la forma y cuantía de la ayuda económica.
Ya en el año 2011, el accionista único de la compañía había realizado una aportación de 187 millones de euros, despejando el fantasma de la entrada en quiebra de las factorías, que solo consiguieron anotarse beneficios en el año 2007.
De aquí a finales de año, las posibilidades de que Navantia incremente sus ingresos son escasas. Por la vía de la contratación únicamente se espera la adjudicación del flotel de Pemez para el 27 de noviembre, aunque la entrada en vigor del contrato podría demorarse hasta el próximo ejercicio. Y con las entregas de barcos -el último hito con el que el astillero recibe ingresos de los programas- tampoco va a hacer mucha caja, ya que solo efectuará la del segundo megabuque para la Armada de Australia y alguna lancha de desembarco en las plantas andaluzas.
Con este panorama como telón de fondo, está diseñando un plan de viabilidad que llevará a su consejo de administración del próximo 4 de diciembre. El presidente de la compañía, José Manuel Revuelta, ya ha anunciado que implicará un cambio de modelo, con la reducción de costes por bandera. Lo hizo en una carta en la que cuestionaba la competitividad actual de la empresa. Además de asegurar que no se encontraba entre los destinatarios de esa misiva, el titular de la SEPI realizó un tirón de orejas simbólico al portavoz de los astilleros al afirmar que «esa carta tiene algunas certezas pero tiene un olvido, que puede ser leída por algún competidor».