Esta bitácora quiere ser testimonio de solidaridad con mis queridos placeros. Según me han informado, la Inspección de Sanidad les ha urgido a adaptar sus locales a una serie de correcciones que les resultan imposibles, o muy difíciles de abordar, por su coste y por la distribución actual del espacio. Vaya por delante que no cuestiono la obligación de cumplir la ley en relación con la seguridad alimentaria o con cualquier otra cuestión. Parece que se ha rebajado la tensión inicial, provocada por la intransigencia de la inspectora, y se ha iniciado un proceso de diálogo para buscar una solución adecuada a la situación de un colectivo que lucha, con esfuerzo encomiable, contra la crisis y contra la feroz competencia de establecimientos que se benefician de su privilegiada posición en el mercado, y con mercadillos a los que se les consiente vender alimentos en condiciones que prefiero no describir.
Las administraciones no pueden ponerse estupendas a la hora de exigir si ellas no cumplen lo que quieren imponer. El mercado es un ejemplo. Ni la accesibilidad ni el estado general de las instalaciones cumplen con la ley. Además, y esto es lo importante, la seguridad alimentaria está garantizada por el buen hacer y la responsabilidad de los vendedores. El mercado es un proyecto pendiente. Hay que desarrollarlo para convertir sus instalaciones y su entorno en un reclamo gastronómico y de ocio, en lugar de poner chinitas en los zapatos de los otros.