Los firmantes del protocolo pretenden incorporar a la Xunta al acuerdo
04 may 2011 . Actualizado a las 19:21 h.El Ministerio de Fomento, el Concello de Ferrol, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Feve se han repartido en el protocolo firmado en presencia del ministro José Blanco el pasado lunes sus responsabilidades respecto al retranqueo de la estación de tren ferrolana hacia la zona de San Xoán. No hay plazos, ni ubicación, ni costes, pero lo que sí ha quedado recogido explícitamente por escrito es que una parte de la operación será financiada mediante las aportaciones del Gobierno central y del Ayuntamiento de Ferrol.
El resto lo costearán los recursos económicos obtenidos de la explotación urbanística de los terrenos que queden libres cuando se consiga segregar el tráfico de mercancías y pasajeros y reubicar ambas terminales.
La contribución de Adif y Feve se limitará «exclusivamente» a la aportación de terrenos y aprovechamientos urbanísticos que supongan los terrenos de su titularidad que resulten desafectados. Y aunque el ministro Blanco no fue capaz de precisar cuándo llegará ese momento, el Ministerio se compromete a asumir los costes de las obras necesarias para la llegada de la alta velocidad a la ciudad, mientras que el Concello aportaría terrenos y aprovechamientos urbanísticos.
Terminal de autobuses
Aunque inicialmente son cuatro las entidades ligadas al protocolo que prevé reordenar el espacio ferroviario de Ferrol, podría sumarse una quinta. Fomento, Concello, Adif y Feve manifiestan que es intención de los firmantes incorporar a la Xunta de Galicia, por sus competencias en ordenación del territorio, transportes y urbanismo con una doble finalidad: articular actuaciones en el sistema de transportes y contribuir a la regeneración de los espacios urbanos.
Sobre todo, porque uno de los objetivos es que buses y trenes de pasaje compartan emplazamiento. En este sentido, el Concello ferrolano queda encargado de solicitar a la Xunta la financiación correspondiente para la estación de autobuses y otras posibles inversiones de su competencia.
Varios convenios posteriores serán los que concreten estas actuaciones. Para vigilar el cumplimiento del protocolo se creará una comisión presidida por Fomento que se reunirá, al menos, una vez cada seis meses.