El juez instructor del caso Virgin , que investiga unos supuestos episodios de corrupción urbanística en Mugardos, se ratificó en su decisión de anular las escuchas telefónicas y los registros acometidos por la Guardia Civil. Con ello, el magistrado Pablo José García Suárez responde al recurso de reforma formulado por el letrado de Esquerda Unida, que se opuso a esta resolución.
El pasado junio, el instructor había resuelto la nulidad de todas las diligencias a partir del 15 de junio del 2007. Fue entonces cuando su mismo juzgado, si bien con otra titular en el puesto, había resuelto autorizar a la unidad especializada de la Guardia Civil encargada del asunto para que procediese a la intervención de una serie de teléfonos de técnicos, concejales y de una arquitecta y su hermano. Ellos son los propietarios de un estudio de arquitectura de Fene que sería, según la tesis de la Guardia Civil, pieza clave en el entramado de tráfico de influencias.
Las escuchas se mantuvieron durante meses y a la luz de su resultado el instituto armado consideró probado que existía la corrupción apuntada entre una técnico municipal, el despacho en cuestión y varios ediles y un agente de la Policía Local de Mugardos. De manera que podrían pagarse favores otorgando direcciones de obra en otros municipios, entre otras maniobras.
La defensa de la arquitecta y su hermano imputados, en manos de Ricardo Pérez Lama, logró que se anulasen estas pruebas, alegando indefensión.
La legalidad
El letrado de Esquerda Unida, Leopoldo González Álvarez, anunció ayer que elevaría a la Audiencia ahora el recurso porque no entiende, dijo, cómo el propio juzgado instructor anula una resolución que dictó el mismo órgano dos años atrás. A su entender, la Guardia Civil actuó con plena legalidad, dado que las intervenciones telefónicas se hicieron con autorización judicial, es decir «con todos los requisitos que establece la ley». La jueza que adoptó la decisión de permitirlas lo hizo «ante indicios racionales de criminalidad» y la investigación «dio sus frutos». Por ello estima que fue «extemporánea» la petición de las defensas.