La «legalización» de la cementera de Castro está en manos del Tribunal Supremo y de la Xunta, a quien compete aprobar de forma definitiva la variación del PXOM
24 ago 2009 . Actualizado a las 12:32 h.Cuando se estaba elaborando el planeamiento urbanístico de Narón, aprobado en el 2002, algún experto concluyó que los terrenos anexos al polígono industrial de Río do Pozo debían ser clasificados como suelos rústicos aptos para urbanizar, en los que se posibilitaban usos comerciales o industriales compatibles con vivienda. Esto limitaba sobre manera el tipo de fábrica a instalar teniendo en cuenta este último requisito. Sea como fuere, la que se implantó fue una cementera.
Los vecinos recurrieron a la justicia y hace unos meses el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló el plan de sectorización -una herramienta urbanística para desarrollar una bolsa de suelo en concreto- para ubicar esa molienda en esos terrenos. Los jueces dijeron que por mucho que ese solar figurase como suelo industrial en ese documento, el que prevalecía era el PXOM en vigor, donde aparecía aquello de... «compatible con vivienda». Se vulneraba, en términos judiciales, el principio de jerarquía normativa.
La sentencia no es definitiva y está recurrida ante el Tribunal Supremo. Eso quiere decir que no está dicha la última palabra. ¿Qué ocurriría si los jueces ratifican el fallo? En la teoría, la molienda debería desaparecer y dejar libre un terreno que, a priori, nunca tendría que haber acogido esa actividad. En la práctica, es muy posible que no. El Concello promueve una modificación puntual de sus normas urbanísticas para clasificar suelo para el asentamiento de empresas y usos terciarios, con la que se «legalizaría» la cementera. Primero fue la industria, y luego el suelo empresarial.
¿Qué va a ocurrir? La respuesta está en manos de dos instituciones. El Supremo que deberá pronunciarse sobre la sentencia y la Xunta que será quien apruebe de forma definitiva la variación puntual del PXOM.
La situación es delicada para el Ayuntamiento, que en caso de fracasar la variación del plan de urbanismo y hacerse definitivo el fallo, podría tener que hacer frente a una importante indemnización a la empresa.
En la memoria de la aprobación inicial de esta modificación, el Ayuntamiento aporta una serie de argumentos de por qué este proceso administrativo no interfiere en el fallo judicial.
Desde el Concello de Narón entienden, así queda reflejado en el documento, que no es «razonable» que «una declaración judicial impida de manera definitiva la adecuación de la ordenación urbanística a las exigencias que impone el interés general». Añaden que esta modificación puntual del PXOM no se efectúa con el fin concreto de eludir la sentencia, aunque con el trámite urbanístico sí se legalice esa situación.
Así, y basándose en la jurisprudencia, el Ayuntamiento defiende que, primero, la tramitación para alterar el plan «se inició antes de conocer el contenido de la sentencia». En concreto, con 19 días de antelación, ya que el escrito en el que Xoán Gato solicita iniciar la suma de suelo industrial a Río do Pozo está fechado el 10 de enero del 2009 y el Tribunal Superior de Xustiza se pronunció el 29 de enero.
El Ayuntamiento maneja también en esta memoria las tesis de que «la modificación afecta a un ámbito más amplio que el plan de sectorización anulado» y que la institución que tiene que dar el visto bueno final a la variación del PXOM (la Xunta) es distinta de la que aprobó el documento revocado por el juez (el Ayuntamiento).
De momento, el Concello ya ha recibido informes del Ministerio de Fomento, la Xunta y la Diputación que han hecho una serie de observaciones, que el gobierno se ha comprometido a incorporar. La aprobación inicial ya recibió el visto bueno del pleno. El proceso está en marcha.