Si hay un territorio en la comarca especialmente castigado por errores o irregularidades urbanísticas, ese es el que comprende la franja costera desde Pontedeume hasta Mugardos. En los últimos años, se han registrado en la zona decenas de denuncias y algunos procesos aún abiertos y con sentencias de derribo pendientes de cumplimiento, como los chalés de Nogueirosa, cuya demolición frenó en el último momento un recurso.
O Penso, en Cabanas
Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaró ilegal en el año 1996 parte de la construcción de uno de los edificios ubicados al pie de la carretera N-651 (Ferrol-Betanzos), conocido con el nombre de O Penso. El juzgado ordenó el derribo de las plantas superiores al considerar que excedían la edificabilidad adecuada, pese a que la obra contó con todos los permisos del Concello de Cabanas en su momento. El nuevo alcalde reconoció el año pasado las dificultades de un municipio de su tamaño para financiar los cerca de tres millones de euros en los que se tasó la intervención. El procedimiento sigue abierto y la orden aún no ha sido cumplida.
Otra suerte distinta, también en el municipio de Cabanas, corrió el edificio anexo al hotel Sarga. Un proceso iniciado en el año 1999 acabó con una sentencia de derribo para reponer la legalidad del inmueble, cuyas obras de ampliación comenzaron sin licencia y fuera de ordenación urbanística. El TSXG obligaba al Concello, como último responsable, a demoler esa parte antes del 30 de junio del año pasado. La sentencia fue finalmente cumplida.
Al otro lado del puente
En la villa eumesa también se acumulan las denuncias y los procedimientos administrativos por irregularidades. Sin llegar a correr la sangre al río, el Ayuntamiento de Pontedeume emprendió un litigio contra el edificio Caldagueiro al considerar que no se ajusta a la licencia otorgada en el año 2003, pues su construcción se inició sin ese trámite y se vendieron varios pisos sin siquiera disponer de permiso de ocupación.
Y también una sentencia del Tribunal Supremo obligaba hace ya más de una década a demoler parte del edificio Atocha, en plena travesía urbana de Pontedeume al no adecuarse a las medidas de aprovechamiento del inmueble. La situación se regularizó poco después.
El ejemplo de Ares
El día de la Constitución del año 2006, el entonces alcalde de Ares José Manuel Cendán inauguró el nuevo edificio consistorial. Su construcción y posterior apertura detonó una fuerte lucha entre las administraciones local y autonómica, ya que la Xunta defendía que el inmueble abarcaba espacios verdes, según el planeamiento urbanístico vigente, del año 1999. En la actualidad, y después de que el TSXG anulase ese plan de ordenación, el edificio se acoge a las normas subsidiarias anteriores y a la espera de ser legalizado en la redacción de un nuevo marco urbanístico para la villa.
A su llegada, el actual alcalde aresano, Julio Iglesias, dio el golpe de efecto al paralizar varias obras que alegaba que incumplían la normativa vigente.
El caso de O Seixo
De nuevo el TSXG obligaba, en una sentencia de 1999, a un vecino de la parroquia mugardesa de O Seixo a derribar parte de su casa, al realizar una ampliación con una licencia que no se correspondía. El tribunal, en última instancia, llegó a dar un ultimátum al alcalde, Xosé Fernández Barcia, para que acatase la orden, pero el movimiento vecinal evitó la demolición.
Otros procesos
En los últimos años, prácticamente ningún concello ha quedado fuera de sospecha en materia urbanística. En Ferrol se discuten en la actualidad irregularidades en la edificabilidad del hotel Galiano, en Narón se pusieron en tela de juicio el hotel Odeón y las torres de Freixeiro y hasta en As Pontes se llegó a ordenar el derribo de parte del cuartel de la Guardia Civil. Son casos que no llegaron a trascender más allá de la polémica.