Idaira González, abogada y experta en Derecho Comunitario, defendió ayer la posibilidad de que el Estado pueda ceder parte de los activos del astillero de Fene a una empresa para construir buques civiles sin violar por ello el acuerdo alcanzado con la Unión Europea. En una jornada sobre el sector naval organizada por el BNG, la letrada reconoció la complejidad de este asunto en el que, insistió, no se pueden verter opiniones categóricas.
Idaira González explicó que en el 2004 España, ante la exigencia comunitaria de devolución de 864 millones de euros en concepto de ayudas ilegales a los astilleros públicos, invocó la cláusula de salvaguarda de sus intereses de la defensa nacional para poder mantener su industria naval militar. Las negociaciones con la UE para efectuar la reconversión se plasmaron «en un canje de cartas» en parte con contenido secreto, lo que, subrayó la abogada, «dificulta su interpretación».
No obstante, recordó que el documento que dieron a conocer las autoridades comunitarias el 15 de junio del 2005 únicamente establecía limitaciones a la plantilla general de Navantia y a la actividad civil, que no habrá de superar el 20% de las ventas totales de la empresa. También fija la obligación de que la antigua Astano y el astillero de San Fernando (Cádiz) únicamente fabriquen barcos militares. A su juicio, esos compromisos evidencian que «no existe impedimento jurídico para ceder parte de los activos de Navantia Fene a otra empresa para que fabrique barcos civiles siempre que esa cesión se realice con escrupuloso respeto a la reglamentación de la CE», aseguró. Esto es, en condiciones de transparencia, concurrencia y a precios de mercado.
Devolución de ayudas
Tras la presentación del plan de Barreras para hacerse con parte de los activos de la factoría de Perlío, una iniciativa impulsada por la Consellería de Innovación (BNG), la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dueña de los astilleros, rechazó la oferta al argumentar que implicaría la devolución de todas las ayudas declaradas ilegales. «Eso chocaría con el principio de proporcionalidad. Si la UE llegase a pedir a España que devolviese las ayudas, no afectaría al montante total, sino a las que recibió Fene», explicó. Y en los expedientes comunitarios no existe ninguna reclamación expresa hacia la antigua Astano -a diferencia de hacia otros astilleros-, aunque 74 millones «se imputan a costes centrales», parte de los cuales podrían atribuírsele a la planta de Perlío.
Además, Idaira González subrayó que «la restitución de las ayudas es un proceso muy complejo, cuya resolución es incierta».
En la jornada promovida por el BNG también intervino el profesor de Economía Financiera de la Universidad de Vigo Xavier Martínez Cobas, quien defendió la idoneidad del momento, en pleno bum del naval mundial, para que parte de la factoría de Fene pudiese ser utilizada para construir barcos civiles. «A carteira de pedidos que teñen os estaleiros en todo o mundo é 5,5 veces as entregas que fixeron no 2007», aseguró. Recordó que los astilleros europeos se están beneficiando de la saturación de las factorías asiáticas.
Al cierre de las jornadas, el cabeza de lista del BNG al Congreso por A Coruña, Francisco Jorquera, calificó de «inadmisible» la situación de la antigua Astano que tiene, según sostiene, «un veto político». Por ello, asegura que sólo el BNG obligará al futuro Gobierno central a «renegociar coa UE para que se suprima».