La variante de Ortigueira, el tramo más avanzado del corredor de la costa norte -es el único en el que ya se ha iniciado el proceso expropiatorio- estará concluida en el 2010, según la Xunta, un año antes de la fecha prevista por la Consellería de Política Territorial para finalizar al cien por cien la carretera que vertebrará las comarcas del Ortegal y A Mariña lucense.
El delegado provincial de Política Territorial, el socialista Alberto González, se desplazó ayer al Concello ortegano para hacerle entrega al alcalde, el popular Rafael Girón, del proyecto de la variante. Esta visita se produce tres días antes de la manifestación convocada por siete concellos del Ortegal y A Mariña, todos gobernados por el PP, para reclamar más fondos para la vía de alta capacidad.
González Fernández dejó claro en su encuentro con Girón, en alusión a la demanda de los populares de incrementar el presupuesto de la carretera para el 2008, que la partida de fondos consignada por la Xunta en este ejercicio -de 3,7 millones- no alterará «en absoluto» el desarrollo de los trabajos de la variante: «Esto es un proyecto que se adjudica con un presupuesto total y un plazo de ejecución. No se va a ir pagando este año una cantidad y el que viene otra».
Tanto el alcalde como el delegado provincial coincidieron en destacar la importancia «que tiene en sí mismo» el proyecto. «Soluciona el problema del puente del Baleo y facilitará la movilidad de los vecinos de la zona», apuntó Alberto González.
A partir del lunes, día 18, los orteganos podrán consultar en la casa consistorial el proyecto de la variante para comprobar, con la ayuda de una técnica municipal, si el trazado afecta o no a sus propiedades. Según el documento de la Xunta, un total de 931 fincas se encuentran afectadas por el trazado de la vía.
La variante de Ortigueira tendrá una longitud final de 8,4 kilómetros y dispondrá de tres enlaces, uno en la zona sur, a la altura del polígono industrial; otro en el área norte, en Barros; y el tercero en Espasante.
Las obras supondrán más de 39 millones de euros, a los que hay que sumar los 4,2 de expropiaciones.