Patrimonio todavía no ha puesto fecha a su decisión final sobre la desprotección del barrio OTRAS INICIATIVAS El futuro de la zona depende de dos trámites que carecen de un calendario concreto
27 dic 2005 . Actualizado a las 06:00 h.?l pasado 23 de noviembre la conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, aceptaba un recurso del BNG ferrolano contra la desprotección de Recimil. Se tumbaba, de este modo, la decisión tomada por la Dirección Xeral de Patrimonio en el mes de abril y se paralizaba el proyecto municipal que prevé el derribo y reconstrucción de las casas baratas. El plan sólo podrá acometerse si el Gobierno gallego permite levantar las protecciones arquitectónicas que pesan sobre el barrio. Desde la Consellería de Cultura se consideraba que era necesario que la Comisión Territorial de Patrimonio Histórico de A Coruña emitiese un informe sobre la solicitud municipal de desproteger Recimil y que el expediente fuese sometido a exposición pública. Más de un mes después de que se diese la orden de reabrir todo el proceso la Xunta, sin embargo, lo mantiene parado, ya que aún no ha marcado un calendario para la ejecución de los dos trámites que estima imprescindibles -la exposición pública y el informe de la comisión territorial- ni tiene una fecha prevista para emitir su decisión última sobre el proceso. Así lo indicaban ayer fuentes oficiales de la Dirección Xeral de Patrimonio, dependiente de Cultura. Si, finalmente, el Gobierno gallego vuelve a considerar que las casas baratas pueden ser desprotegidas se podrá continuar con el proyecto del Concello de Ferrol, aunque habrá sufrido una seria demora. En el caso contrario -que Recimil continúe siendo una pieza urbanística a preservar- sólo cabría pensar ya en una rehabilitación que ha de solicitar el Ayuntamiento y que, a día de hoy, la coalición de gobierno de PP e IF no contempla. El edil responsable de Urbanismo, Francisco Pita-Romero (IF), señalaba ayer, por su parte, que «de inmediato» se le elevará al alcalde, Juan Juncal (PP), la documentación necesaria para presentar un contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en contra de la nueva postura Patrimonio.