CONTRAPUNTO | O |
29 dic 2003 . Actualizado a las 06:00 h.CADA AÑO por estas fechas, con la revisión de los padrones de habitantes, asistimos a una verdadera guerra de censos. La ciudad de Ferrol ha bajado de los ochenta mil habitantes y el vecino Narón supera los treinta mil. La ecuación es evidente: si ambos municipios fueran sólo uno sería un ayuntamiento con más de cien mil vecinos que ya se coloca entre los de tamaño medio, con asignaciones presupuestarias superiores, subdelegaciones de las administraciones y subjetatura de Tráfico. Hace dos décadas, una encuesta reveló que el sentimiento mayoritario de la ciudadanía de ambos concellos estaba por la labor de la fusión. Porque se evitaría la duplicidad de oficinas, de corporaciones y, por qué no decirlo, de alcaldes en una comarca muy necesitada de grandes reformas. El electorado ya diría quien ocuparía la silla. La gran reforma pendiente de la administración pública española es, precisamente, la de su planta de municipios. Si la carretera de Castilla en su día anexionó, fundió, o anilló dos territorios llamados a integrarse en un nuevo ente, la realidad actual viene a ofrecer más de lo mismo. La ley prima las uniones entre ayuntamientos limítrofes y obstaculiza las segregaciones. Si bien la tendencia es más hacia lo segundo: véase Cariño o Burela. Y tampoco la Mancomunidad de Ferrol, que pretendía la planificación urbanística conjunta, logró tal anhelo. Al contrario, lo que vino después fue un acendrado localismo. Pero no se pueden colocar puertas al mar y, por ello, no vamos a ser diferentes al entorno europeo donde la reducción de entes locales fue una de las grandes reformas del estado moderno. Sin duda, el ciudadano común sale ganando con procesos de esta naturaleza.