Cuando Federico Trillo-Figueroa fue nombrado titular de Defensa, a finales de abril del 2000, asumió el reto de reducir el gasto sanitario de su departamento, estimado entonces en un 5% del presupuesto anual. Sólo ocho meses más tarde, el tercer hombre fuerte del ministerio, Víctor Torre de Silva, se subió a la tribuna del Congreso para explicarle a sus señorías el proyecto de reforma de la sanidad militar española. Esencialmente, la aplicación del cambio allí expuesto consistía en dos cosas: deshacerse de entre seis y ocho hospitales castrenses y, en el resto de centros, priorizar la función logística frente a la pericial y, sobre todo, la asistencial. Al discurso político siguió un puzle normativo. La Orden Ministerial 147/2002, de cuya promulgación se cumplirá un año el próximo día 27, regula la estructura de la red de complejos resultante. Incluye seis (Madrid, Zaragoza, San Fernando, Valencia, Cartagena y Ferrol, ordenados por importancia) más, provisionalmente, el de Ceuta y el de Melilla.