El conflicto en Texmin, la empresa que emplea a minusválidos, se acentúa. Cuando todavía no se conoce la sentencia del Juzgado de lo Social 1 de Ferrol sobre la prohibición de entrada a representantes de la CIG en el centro de trabajo, para participar en una asamblea, este mismo sindicato anuncia que volverá a denunciar al empresario por supuestas irregularidades en el uso de subvenciones para cursos de formación de empleo. Fuentes de la central han informado de que estas denuncias fueron presentadas hace cerca de dos años directamente ante el fiscal jefe del TSXG, García Malvar, pero «nada soubemos do asunto». Ahora, tras la destitución del propio García Malvar, los denunciantes pretenden volver a presentar sus demandas a quien sustituya al ex fiscal jefe. Dos empresas solapadas Las mismas fuentes sostienen que en Texmin, teóricamente una empresa creada como centro especial de empleo, bajo un estatus muy protegido y subvencionado, se solapan dos entidades diferentes: una con trabajadores minusválidos y otra, con cerca de setenta empleados que, en su mayor parte, no sufren discapacidad alguna. Esta situación, mantiene el sindicato, conforma un «cúmulo de irregularidades» que han sido denunciadas ante la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social. Es decir, concluye, una entidad patronal protegida, con bonificaciones en la Seguridad Social y subvenciones para la compra de maquinaria, en teoría destinada a crear puestos de trabajo para minusválidos, se utiliza en realidad como empleados perfectamente capacitados. La CIG, por último, considera que la destitución de sus delegados sindicales, decidida por los trabajadores, fue irregular.