La exjefa de ETA Anboto podrá salir de prisión entre semana a partir del lunes, como Txeroki pese a tener más de 220 años de condena
ESPAÑA
La consejera socialista vasca de Interior concede a la sanguinaria Soledad Iparraguirre la aplicación del artículo 100.2 del reglamento de prisiones
24 mar 2026 . Actualizado a las 15:59 h.El Gobierno vasco ha concedido salidas diarias de la cárcel entre semana a la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto. Según ha podido saber Colpisa, el área que dirige la consejera socialista María Jesús San José ha autorizado que se le aplique el artículo 100.2 del reglamento penitenciario a partir del lunes, por lo que podrá abandonar Martutene de lunes a viernes para trabajar o realizar labores de voluntariado. Estará en la misma situación que Garikoitz Aspiazu, Txeroki, cuya salida provocó un gran revuelo político y mediático.
El artículo 100.2 es una flexibilización de las condiciones del segundo grado, que es el régimen cerrado, y tiene per se carácter excepcional. En teoría se emplea con algunos reos que no cumplen alguno de los requisitos para acceder a la semilibertad -como el porcentaje de años de cumplimiento de pena o algún otro aspecto que se considera salvable- y que cuentan con una oferta laboral que facilitará su reinserción en el futuro. Una salida que se la puede facilitar su entorno o porque el ente público Aukerak les ha encontrado alguna ocupación. El interno debe presentar previamente un detallado «plan de ejecución», una especie de cronograma con los horarios y lugar de trabajo.
El acceso al tercer grado está más pautado y tiene controles más severos. Tanto esa progresión como un 100.2 deben contar con el visto bueno de la Junta de Tratamiento de la prisión y luego recibir el aval del Gobierno vasco. Pero en el caso del tercer grado todo el proceso puede ser recurrido por la Fiscalía. Y la mera presentación de una alegación hace que el interno vuelva a prisión sin que haya que esperar a lo que diga el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, competente último en todos los casos.
En diferentes momentos históricos, la izquierda aberzale ha explorado esta vía para mejorar la situación de los presos de ETA. En estos momentos hay en torno a una veintena de reclusos de la banda que disfrutan de la flexibilización que supone este artículo del régimen penitenciario y que para los diferentes colectivos de víctimas supone un agravio. De hecho, Covite ha venido recalcando que su aplicación supone una «amnistía encubierta» y que se está procediendo a la excarcelación de los presos de ETA por la puerta de atrás.
El antecedente más reciente y muy conocido es el del exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki, cuya salida de prisión ?está también Martutene?, de lunes a viernes, generó un gran revuelo a comienzos de febrero. La propia consejera, María Jesús San José, acudió a la cárcel donostiarra y admitió que «no puedo ni imaginarme el dolor de las víctimas», al tiempo que reconoció ser «consciente del dolor que genera las decisiones adoptadas en cumplimiento de la normativa penitenciaria».
María Soledad Iparraguirre, también apodada Marixol, nació en la localidad guipuzcoana de Escoriaza en 1961. Para 1985 ya estaba encuadrada en el comando Araba. Se le imputan más de una docena de asesinatos. Estuvo integrada en el comando Madrid y en 1994 accedió a la jefatura de los comandos de la banda. Llegó a ser la jefa militar de ETA durante una década mientras su pareja, Mikel Albisu, Mikel Antza, dirigía el aparato político. Tanto Antza ?en libertad desde hace años? como la propia Anboto siguen bajo el foco de la Justicia por, supuestamente, haber ordenado varios asesinatos como miembros de la cúpula de la banda.
Iparraguirre acumula una larga lista de condenas y penas que suman más de 280 años de cárcel, aunque los límites de cumplimiento en España son muy inferiores. En el 2020 fue sentenciada a un total de 122 años de cárcel por dar la orden y suministrar los explosivos para la bomba lapa que mató al comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo. En el 2021 aceptó una pena de 15 años de prisión por haber dado la orden de atentar contra Juan Carlos I con ocasión de su asistencia a la inauguración del Museo Guggenheim en 1997.