La Audiencia de Madrid avala que el juez Peinado pidiera correos de la asesora de Begoña Gómez

La Audiencia Provincial de Madrid respaldó en una resolución que el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez' reclame a Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense (UCM), los correos electrónicos que hubiera intercambiado con Cristina Álvarez por su condición de asesora de la esposa de Pedro Sánchez en la Moncloa.

Los tres magistrados de la Sección 23, responsable de supervisar la instrucción de la causa, desestimaron el recurso de apelación presentado por la defensa de Álvarez contra la providencia en la que Peinado acordaba esta diligencia. Fue el pasado septiembre cuando el juez requirió a Doadrio «todos los correos de que disponga en la que resulte remitente o destinataria la investigada Álvarez», en el marco de la presunta malversación de caudales públicos que investiga por el supuesto uso particular de la asesora por parte de Begoña Gómez. La defensa de Álvarez recurrió ante la Audiencia de Madrid esa decisión alegando que hacerlo por providencia era erróneo, al entender que Peinado debía de haber optado por un auto porque lo que reclamaba afectaba de manera directa al derecho fundamental a la intimidad y al secreto de las comunicaciones.

Pasaporte

Ante este alegato, los magistrados responden ahora que el requerimiento al exvicerrector de la UCM «se acordó teniendo en cuenta que en su declaración se ofreció a su aportación voluntaria a la causa, al manifestar que poseía cerca de cien correos». «Por lo que el contenido de la referida resolución trata únicamente de ordenar el procedimiento, dando cumplimiento al deseo expresado en su declaración por Doadrio», señalaron.

Doadrio aportó finalmente estos correos y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil informó al juez de que había localizado 121 comunicaciones que revelan «gestiones» de Álvarez con empresas para financiar la cátedra que la esposa del presidente del Gobierno codirigió en la Complutense entre 2020 y 2024. En paralelo, la defensa de Álvarez ha presentado un escrito ante Peinado en el que rechaza entregarle su pasaporte. El instructor solicitó tal documentación en noviembre pasado con el objetivo de cotejar si había hecho viajes al extranjero. En concreto, quería ver si tanto la alto cargo de Moncloa como la esposa del presidente del Gobierno volaron juntas a Londres para hacer gestiones sobre la cátedra.

Al no recibir la información solicitada, el juez decidió pedir ayuda a la Unidad Adscrita a la Policía Judicial. Sin embargo, su letrado, en un nuevo escrito, recuerda que solicitar tal información supone una «vulneración del derecho a guardar silencio», y recuerda la sentencia dictada por el Tribunal Supremo del conocido'caso Noos (la condena a Iñaki Urdangarin) en la que se explica que no se puede obligar a una persona investigada a aportar documentación probatoria. «Es a la acusación a quien corresponde la carga de la prueba, para lo que no es posible recurrir a prueba obtenida mediante presión o coacción sobre el investigado», remacha la defensa. Del mismo modo, esta parte pide abrir una pieza separada para investigar la autoría de la filtración del contenido de la providencia de 12 de enero sobre la citada petición del pasaporte, ya que fue publicada por un medio de comunicación 15 horas antes de que fuera notificada

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