El Gobierno se aferra a su defensa al fiscal general del Estado mientras busca un sustituto: «Una cosa es acatar y otra es callar»
ESPAÑA
Puente destaca que la justicia española no avanzó «gran cosa» desde el fin del franquismo
23 nov 2025 . Actualizado a las 13:07 h.El Gobierno sigue manifestándose en contra de la sentencia condenatoria del Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El Ejecutivo, según confirmó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ya ha iniciado los trámites para reemplazar al jefe del ministerio público, inhabilitado durante dos años.
El titular de Transformación Digital y líder del PSOE madrileño, Óscar López, consideró «injusta» la condena. «Una cosa es acatar y otra es callar, y nadie nos va a callar en denunciar los chanchullos de Ayuso y de su entorno», destacó.
Por su parte, Óscar Puente, el responsable de Transportes, aseguró que el sistema judicial español no ha avanzado «gran cosa» desde la muerte del dictador Francisco Franco. «Lamentablemente no podemos volver mucho hacia atrás porque no hemos avanzado gran cosa en estos 50 años». El político vallisoletano se basó en las palabras del entonces senador del PP Alfonso Cosidó, que escribió en un grupo de WhatsApp en el 2018 que, con el pacto con el PSOE para designar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), su partido controlaría «desde atrás» la Sala Segunda del Supremo». Ambos partidos renovaron el Consejo en junio del 2024, pero Puente incide en que la sala es la misma que ha condenado a García Ortiz y que Cosidó aludió «a un magistrado que se sienta hoy en el Tribunal Supremo y que además formaba parte de la sala que ha condenado al fiscal general del Estado».
La otra ala de la coalición del Ejecutivo también cargó contra el fallo del Supremo, del que aún se desconoce la redacción de la sentencia. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz destacó que el Poder Judicial «ha suspendido sus funciones constitucionales para intervenir en política contra el Gobierno progresista». Antonio Maíllo, líder de Izquierda Unida y candidato de Sumar en esta comunidad a las elecciones en esta comunidad, aseguró que la condena a García Ortiz es «un golpe de Estado en clave institucional».
Fuentes del Ejecutivo remarcaron el viernes que la sentencia «no va a suponer una zancadilla a nada ni va a entorpecer» la acción del Gobierno de Pedro Sánchez. Además, remarcan que recibieron la noticia del fallo con «cierto sentimiento de indefensión». El líder del Ejecutivo participa en la cumbre del G20 en Johannesburgo (Sudáfrica) y está previsto que hoy ofrezca una rueda de prensa, en la que será cuestionado por este asunto.
El PP lleva el fallo a Europa
Además, el PP anunció este sábado que llevarán la condena de García Ortiz al Parlamento Europeo. La vicepresidenta del Grupo Parlamentario del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, justifica esta acción al considerar el fallo «un hecho de máxima gravedad institucional y un serio riesgo para la separación de poderes en España».
El eurodiputado popular Adrián Vázquez criticó la «reacción del Gobierno contra el sistema judicial» y estimó que «la UE debe actuar cuando un Estado miembro muestra señales de ruptura de la separación de poderes».
Por otro lado, la Asociación de Fiscales —mayoritaria en la carrera y de corte conservador—, celebró un congreso ayer en Santiago. Entre sus conclusiones, la asociación «exige que se respeten las actuaciones y resoluciones judiciales como manifestación de la independencia judicial».