Isabel Perelló, presidenta del CGPJ: «Ningún poder del Estado puede dar indicaciones a los jueces»
ESPAÑA
La catalana reivindica la igualdad de género en su primer discurso en el acto de apertura del año judicial
05 sep 2024 . Actualizado a las 22:15 h.La voz de la primera mujer en presidir el Poder Judicial en España en dos siglos se escuchó este jueves a mediodía en el salón de plenos del Tribunal Supremo para reivindicar la igualdad de género. «Hoy tiene que ser un día de reconocimiento y agradecimiento a todas las mujeres de nuestro país que a lo largo de la historia han luchado por la defensa del derecho a la igualdad y por acabar con la inmerecida invisibilidad a la que se han visto sometidas las mujeres en los distintos ámbitos de la vida profesional y social», aseguró Isabel Perelló en el acto solemne de apertura del año judicial, presidido por el rey y en presencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños; el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; la cúpula de la judicatura y otras autoridades.
Conocedora de que su nombramiento es un «hecho histórico», dedicó su primer discurso a las trabajadoras de la Administración de Justicia a todos los niveles y, en particular, a sus compañeras del Supremo. «Nací en una España en la que las mujeres no podían acceder a la carrera judicial. Ahora somos mayoría, el 80 % de los aspirantes que superan las pruebas de acceso son mujeres», añadió, aunque dijo ser consciente de que «queda mucho camino por recorrer: las mujeres siguen siendo minoría en los altos cargos judiciales».
«La piedra angular del Estado»
Tras más de un lustro con el órgano de los jueces bloqueado, caducado e inmerso en una crisis de desprestigio, Perelló se mostró satisfecha de poder «mirar al futuro con esperanza renovada» pese a los numerosos desafíos que debe afrontar. Su segundo alegato fue en defensa de la independencia judicial, que definió como «la piedra angular de nuestro Estado de derecho». La catalana señaló la importancia de salvaguardarse de posibles injerencias externas: «Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico». Recordó que los jueces, según el apartado primero del artículo 117 de la Constitución, son «independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley», e indicó que una de las misiones del Consejo General del Poder judicial (CGPJ) que ahora preside es ser baluarte de esos principios.
Después de defender el derecho a criticar y discrepar de las resoluciones judiciales en una sociedad libre, abierta y plural, Perelló censuró las descalificaciones e insultos, y pidió evitar los ataques injustificados que socavan la reputación de la Justicia: «Quiero hacer un llamamiento a las diferentes fuerzas políticas y a los poderes del Estado para que respeten el trabajo que los jueces y magistrados realizan». De hecho, recalcó que las leyes procesales ya prevén vías de impugnación para corregir posibles irregularidades.
Describió la catalana el período de mandato caducado del CGPJ como los «años difíciles» y la situación del Supremo, como «delicada». Este tribunal suma 29 vacantes de las 102 que acumula la cúpula judicial como consecuencia del bloqueo del Consejo durante cinco años y medio, y que Perelló desea cubrir con «los mejores profesionales. No se olvidó de apoyar a todos los jueces del país, que trabajan «con vocación y entrega en condiciones, que, por lo general, son muy precarias».
Mejoras laborales y retributivas
Jueces de instrucción de 170 partidos judiciales remitieron una carta a su nueva presidenta instándole a la «necesaria y urgente mejora» de sus condiciones laborales, en concreto las compensaciones retributivas y de descanso por los días inhábiles y de festivos trabajados, y a la revisión del sistema organizativo de guardias.
El fiscal general pide restringir la acción popular en pleno caso Begoña Gómez
A. Azpiroz, M. Balín Madrid / colpisa
El fiscal general del Estado aprovechó su discurso con motivo del inicio del año judicial para reclamar ante el rey una revisión del sistema de las acusaciones de acción popular. Álvaro García Ortiz lanzó esta petición en medio de la investigación por corrupción de Begoña Gómez. Precisamente el proceso contra la esposa de Pedro Sánchez se inició a raíz de una denuncia del seudosindicato Manos Limpias. «La utilización en la justicia penal de una figura que, pese a su previsión constitucional, permite el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno, aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas y pervierte el esquema natural y lógico en el que solo deberían llegar ante los tribunales de justicia, al proceso, en definitiva, aquellas investigaciones en las que concurran poderosos indicios de responsabilidad criminal», justificó García Ortiz.
Según añadió, «en ocasiones, y respecto de un mismo hecho considerado noticiable, se informa desde perspectivas no solo distintas sino total e interesadamente contradictorias, sin que el contraste de la veracidad de los datos parezca ser un extremo relevante ni para el que la transmite, ni para los que la reciben». Esta aseveración coincide con los planes del Gobierno para poner coto a las fake news.
El fiscal general reivindicó también la imparcialidad del ministerio público, pese a las críticas desde la oposición que han llegado a definirlo como un títere al servicio de Moncloa. García Ortiz sigue pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso contra su renovación como fiscal general y sobre su imputación por la querella presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Fue el pasado 15 de julio cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) elevó al Supremo la causa en relación a la querella de González Amador para que decida si imputa a García Ortiz por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por funcionarios.
La pareja de Díaz Ayuso llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el presunto caso de fraude fiscal en el que se le investiga. García Ortiz asumió la responsabilidad de dicho comunicado.