El proyecto estrella de Bolaños parece abocado al fracaso por falta de acuerdo entre socios
20 feb 2023 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno ya asume que tampoco esta legislatura habrá una nueva ley de secretos oficiales y que la actual normativa franquista, que cumple 55 años, seguirá vigente. Las prisas de la Moncloa en primavera y verano del 2022 tras el escándalo del espionaje con Pegasus se han quedado en calma chicha, ya que en el Ejecutivo, según reconocen, son conscientes de que sus socios se muestran reacios a dar su apoyo al anteproyecto de Ley de Información Clasificada en su redacción aprobada por el Consejo de Ministros el 1 de agosto. No solo eso, también el texto actual —han denunciado los órganos consultivos— adolece de importantes fallos, que harían necesario un repaso a fondo del articulado.
Más de seis meses y medio después de que el proyecto estrella del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, comenzara su andadura de manera exprés —se tramitó por procedimiento de urgencia—, en el Gobierno admiten que no hay fecha para que el anteproyecto vuelva al Consejo de Ministros. Y todo apunta a que el séptimo intento de las dos últimas décadas por sacar adelante una nueva ley va a ser fallido.
En el Ejecutivo responsabilizan del retraso sobre todo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que aún no ha entregado su informe preceptivo, pero diversas fuentes reconocen que, en cualquier caso, no hay mayoría para sacar adelante el texto llamado a sustituir la norma de 1968 y que debía acabar con los eternos secretos de Estado.
Es más, en el seno de los partidos del Gobierno hay claras diferencias. Unidas Podemos —como ERC, PNV, Bildu o Junts— no está dispuesto a dar su voto a las cuestiones más controvertidas del nuevo texto, que son temas medulares. En medio año no habido ningún acercamiento sobre la negativa de los socios a apoyar que los altos secretos puedan mantenerse clasificados durante 50 años, ampliables a 65.
Los minoritarios ven con recelo la cantidad de autoridades e instituciones que pueden decretar secretos, la falta de concreción de materias que pueden ser clasificadas o el hecho de que el texto no incluya la desclasificación automática de los secretos anteriores a la entrada en vigor de la ley, cuya revelación dependería del Gobierno de turno.
El PSOE sabe que eso no molesta al PP ni a Ciudadanos, pero, a las puertas de la cita electoral del 28 de mayo, ven inviable llegar a un acuerdo con los de Feijoo. Creen que los populares venderían «muy caro su apoyo», hasta el punto de dar la vuelta al proyecto basándose en las críticas de los órganos consultivos.
De hecho, el Consejo Fiscal ha avisado de que el anteproyecto debe mejorar porque su redacción actual facilita que las policías autonómicas oculten información al Ejecutivo al recibir nuevas competencias para contar con un régimen similar al del propio Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En el medio año ya transcurrido desde la presentación del anteproyecto, los avances han sido mínimos.
Los cinco puntos claves del anteproyecto en peligro
El anteproyecto de Ley de Información Clasificada, cuya tramitación está bloqueada, busca sustituir la normativa de 1968 y acabar con la potestad del Ejecutivo de mantener siempre bajo secreto cualquier materia.
- Niveles de clasificación. Hay cuatro niveles: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Se fijarán en función de la gravedad del daño que para España puede tener la difusión (extraordinariamente grave, grave; perjudicial o desfavorable). Hoy, España solo regula dos categorías de materias (secretas y reservadas).
- Blindaje ampliable. Se establece, por primera vez, la caducidad de los secretos de Estado. Los documentos de alto secreto podrán ser blindados hasta 50 años, ampliables 15 más.
- Más organismos competentes. Solo el Consejo de Ministros podrá declarar materias como alto secreto. En niveles inferiores de protección, podrán ser los ministerios, secretarios de Estado, y autoridades militares y civiles (directores generales de la Policía o la Guardia Civil o delegados del Gobierno).
- Ciudadanos y jueces. La vigente ley no fija un procedimiento para que ciudadanos y jueces puedan desclasificar documentos. La norma en tramitación establece que los ciudadanos pueden hacerlo directamente a la autoridad competente y que en el caso de negativa puedan recurrir a la Sala de lo Contencioso del Supremo.
- Disposición transitoria. La ley no entrará en vigor hasta seis meses después de su aprobación para dar tiempo a todos los organismos implicados a la desclasificación de oficio.