La nueva directora de los servicios secretos españoles tiene ante sí retos inmediatos, como la seguridad de la cumbre de la OTAN que acogerá Madrid los próximos 29 y 30 de junio
15 may 2022 . Actualizado a las 05:00 h.No hace ni un año de aquel 1 de julio del 2021, pero en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) lo recuerdan como si hubiera pasado una vida. Ese día, a bombo y platillo, el Departamento de Seguridad Nacional (DSN), el órgano de Presidencia de Gobierno encargado de asesorar a Pedro Sánchez en las cuestiones más sensibles del país, sacaba pecho y anunciaba a los cuatro vientos que España estaba «a la cabeza mundial en ciberseguridad».
Solo unas horas antes, la Unión Internacional de Telecomunicaciones de Naciones Unidades había colocado a España en el quinto puesto del Índice Global de Ciberseguridad 2020, el ránking más reconocido del planeta, solo por detrás de Estados Unidos, el Reino Unido, Arabia Saudí y Estonia, e igualada con Corea del Sur y Singapur. Detrás de esa puntuación de 98,52 sobre 100 se encontraba el trabajo de varias agencias e instituciones nacionales, pero la labor de una sobresalía: la del Centro Criptológico Nacional (CCN), el corazón de ciberseguridad del CNI desde hace 18 años y el departamento señalado en las últimas semanas por la Moncloa por no haber detectado supuestamente hasta ahora el espionaje al Gobierno.
Gran parte de ese crédito internacional, reconocen responsables del CCN, se ha «ido por el sumidero» en cuestión de días. El pasado 2 de mayo, con la comparecencia apresurada del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, España se convirtió en el primer y único país del mundo en admitir públicamente que su Gobierno ha sido espiado con Pegasus. Aunque los terminales de Emmanuel Macron, Boris Johnson y miembros de sus Gabinetes también fueron infectados con el programa malicioso, ni el Elíseo ni Downing Street han hecho una sola declaración oficial sobre el asunto en meses. Tampoco ni una sola palabra pública de la treintena de otros Estados que han sido espiados o acusados de haber usado el malware israelí para intervenir teléfonos.
Mazazo a la imagen exterior
La decisión del Ejecutivo de airear que Pedro Sánchez, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas fueron atacados con el sistema israelí ha supuesto un mazazo para la buena imagen exterior de los servicios secretos españoles. Pero ese es solo uno de los rotos que la nueva directora del CNI, Esperanza Casteleiro, tendrá que recoser para hacerse con el control de «la Casa». Por lo pronto, la cúpula del centro espera explicaciones detalladas sobre la versión de la Moncloa (no confirmada por ninguna fuente consultada del CNI) de que el CCN tardó casi un año en detectar e informar de las intrusiones porque supuestamente el contraespionaje español, a pesar de estar en el top mundial en ciberseguridad, no se había molestado en chequear los smartphones de los más altos responsables del Ejecutivo en busca del rastro de Pegasus. Y eso que, además, el potentísimo malware estaba en el arsenal del CNI desde el 2016 y, por lo tanto, los servicios secretos eran plenamente conscientes de su peligrosidad.
En el Centro Nacional de Inteligencia no dudan de la capacidad de esta agente veteranísima —lleva 40 años vinculada a «la Casa»— para llevar las riendas de los servicios secretos, pero, explican, antes de empezar a trabajar, Casteleiro tiene que calmar las aguas dentro y fuera de las fronteras españolas. Y debe hacerlo rápido porque el tiempo apremia, ya que los próximos 29 y 30 de junio se reunirán en Madrid los jefes de Estado y Gobierno de los 30 países miembros del Consejo del Atlántico Norte, principal órgano para la toma de decisiones de la OTAN. Son precisamente esos países aliados, con los que España comparte secretos, los que han seguido con más atención la crisis política interna a cuenta de Pegasus, según apuntan alto responsables de la seguridad nacional.
Pago político
Casteleiro no se va a encontrar a ningún lobby del CNI de cara que le ponga más difíciles las cosas en vísperas de la cumbre de la OTAN, pero sí muchos resquemores. En la sede del centro son «inmensa mayoría» los que consideran que la destitución de Paz Esteban ha sido el «pago político» a los socios independentistas del Gobierno. Y ahora, reconocen, hay temor a que se extiendan las «represalias» entre las decenas de agentes que estuvieron implicados en el espionaje con autorización judicial a los secesionistas catalanes o que en la actualidad siguen en operaciones de «inteligencia interior».
Otro de los fuegos que Casteleiro deberá sofocar cuanto antes es el enfado en el centro por la inclusión en la comisión de secretos oficiales de los partidos independentistas y por el hecho concreto de que Paz Esteban se viera obligada a desvelar justo en esa reunión algunos de los procedimientos para los seguimientos. Aunque la ya exdirectora de «la Casa» evitó mencionar la palabra Pegasus, sí que mostró varios documentos clasificados sobre «protocolos de espionaje» a diputados que han sido supuestamente espiados. Según Citizen Lab, los teléfonos de dos miembros de esa comisión, Miriam Nogueras (Junts) y Albert Botrán (CUP), fueron infectados.