La Fiscalía pide 7 años de prisión para la mano derecha de Junqueras por el 1-O

La Fiscalía reclama penas de siete y seis años de prisión para Josep Maria Jové y Lluís Salvadó por su participación en los preparativos del referendo ilegal del 1-O del 2017. Ambos formaban parte del equipo más estrecho de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía, el departamento que tenía asignada la organización de la consulta. Ambos serán juzgados en el TSJC por los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia.

Jové, actual jefe de filas de ERC en el Parlamento de Cataluña, se enfrenta también a una inhabilitación de 32 años, 27 en el caso de Salvadó, actualmente presidente del Puerto de Barcelona. El fiscal Pedro Ariche acusa también a la actual consejera de Cultura, Natàlia Garriga, y que formaba parte del equipo de Junqueras, de desobediencia.

El escrito de acusación de la Fiscalía contra los tres dirigentes de ERC llega días después de que el Supremo hiciera público el auto de revisión de las condenas del procés y su decisión de mantener la inhabilitación a Oriol Junqueras hasta el 2031. El Gobierno, en connivencia con ERC, reformaron el Código Penal, derogando el delito de sedición y modificando el de malversación, con el objetivo de que Junqueras pudiera presentarse a las próximas elecciones y para intentar rebajar la pena para Jové y Salvadó.

Pero el Supremo, en cambio, dijo que los acusados «no pueden ver calificadas sus respectivas conductas como constitutivas de un delito atenuado de malversación», como pretendían PSOE y ERC con el cambio normativo, porque «nunca podrá entenderse que se trató de una actuación ausente de ánimo de lucro». Este mismo criterio sigue la Fiscalía en el escrito de acusación. Opta por la malversación agravada y Jové y Salvadó corren el riesgo de tener que entrar en prisión si son condenados. Esa misma suerte pueden correr los otros 20 ex altos cargos del Gobierno catalán que están pendientes de juicio por su responsabilidad en el 1-O.

Jové, Salvadó y Garriga fueron detenidos el célebre 20 de septiembre del 2017, cuando una multitudinaria protesta impidió el acceso de la comitiva judicial a la Consejería de Economía. Según el fiscal Pedro Ariche, Jové usó fondos públicos como «si fuesen propios» para «fines ajenos», como la publicidad institucional o los gastos de suministro de papeletas, censo electoral y citaciones a personas integrantes de las mesas electorales. 

Uso de fondos públicos

La Fiscalía señala que «en los meses anteriores a la realización del referendo ilegal, como quiera que el Gobierno catalán ya había decidido celebrarlo, con o sin anuencia del Estado, comenzaron los preparativos para llevarlo a cabo, destinando para ello fondos públicos con los que hacer frente a los gastos que su ejecución comportaba (material electoral, campañas de publicidad, aplicaciones informáticas, locales para el recuento, etc.), incluyendo la financiación de actividades que se desarrollaban en el exterior, como la acción del servicio Diplocat para buscar apoyos internacionales y obtener reconocimiento en instancias supranacionales». «Tales preparativos y los gastos subsiguientes se hicieron burlando el control estatal de las cuentas de la Generalitat», resalta el ministerio público.

El escrito de acusación recuerda la agenda «moleskine» de Jové, incautada en los registros del 20S y en la que detalló las reuniones y pasos que dieron los independentistas en su hoja de ruta para celebrar el referendo.

Sánchez reivindica la derogación del delito de sedición pese a la alerta del Tribunal Supremo 

P. de las Heras

Ni las advertencias del juez Pablo Llarena de que la reforma penal realizada por el Gobierno de la mano de Esquerra crea un escenario «cercano a la despenalización» para hechos como el procés, ni el hecho de que el Tribunal Supremo alertara el pasado lunes, en el auto de revisión de las condenas a los principales responsables de aquel amago independentista, de que la derogación de la sedición ha abierto un espacio en el que conductas de esa naturaleza pueden quedar «impunes», han hecho la más mínima mella en Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno afirmó ayer que respeta las decisiones judiciales, pero reivindicó sus concesiones al independentismo.

Sánchez, de gira por Austria, Eslovenia y Croacia para preparar la presidencia española de la UE, defendió que su política «está causando mucho bien a Cataluña y a España» y se vanaglorió de que, entre otras cosas, haya ayudado a romper la «dinámica de bloques» que desde hace años padecían los catalanes, como ha puesto de manifiesto el reciente acuerdo presupuestario entre ERC y el PSC tras la salida de Junts de la Generalitat el pasado octubre. «Esto es bueno —arguyó—; la sociedad ha decidido pasar página de la situación que vivimos en el 2017». «Nosotros —insistió— vamos a seguir haciendo una apuesta por el diálogo, el acuerdo y la convivencia». En el Gobierno confían en que no se empañen sus relaciones con la Generalitat ni provoquen pasos que deriven en una vuelta a la «vía unilateral» del independentismo. De momento, ERC ha centrado sus críticas casi en exclusiva en los tribunales. «Saben que nosotros hemos hecho lo que hemos podido», justifican fuentes gubernamentales. 

Discurso ambivalente

A pesar de que es evidente que la Justicia ha desbaratado la hoja de ruta pactada con el partido de Pere Aragonès y Oriol Junqueras, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, volvió a argumentar ayer que lo que está quedando demostrado es que el Gobierno siempre sostuvo frente a las críticas del PP, que «los hechos del 2017 siguen siendo delito».

Tanto Llarena como el alto tribunal entienden que el nuevo tipo penal que sustituye a la sedición para «homologarlo» a otras legislaciones europeas, el de desórdenes agravados, no encaja en el procés. Pero, paradójicamente, el Ejecutivo se aferra ahora a que los jueces tampoco ven que haya que aplicar el nuevo tipo de malversación atenuada (propuesta por ERC) para negar que el Estado haya quedado desprotegido.

---

---

---