El TC se reúne este jueves para decidir si frena la reforma exprés del Poder Judicial
ESPAÑA
El PP reclama al tribunal de garantías medidas cautelarísimas para parar ya los cambios que aprobará este mismo jueves el Congreso
14 dic 2022 . Actualizado a las 20:56 h.El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, ha convocado para las diez de la mañana de este jueves un pleno extraordinario y urgente en el que se analizará si se admite a trámite el recurso de amparo presentado por el PP contra las enmiendas a la reforma del Código Penal propuestas por el PSOE y Unidas Podemos que modifican la actual regulación del Consejo General Poder Judicial (CGPJ) y del propio TC. En su reunión, el tribunal de garantías también estudiará si adopta las medidas cautelarísimas solicitadas por los populares, ya que la proposición de ley impulsada por el Gobierno de coalición se vota este mismo jueves en el Congreso y está previsto que entre en vigor tras su ratificación por el Senado el próximo día 22.
La portavoz parlamentaria y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, defendió la urgencia del recurso ante lo que tildó de «ataque al orden constitucional y al Estado de derecho» por parte del Ejecutivo. «Una ley que empezó siendo para derogar el delito de sedición se transformó en una que abarata la corrupción y que quiere introducir, por la puerta de atrás, la modificación de dos leyes orgánicas para controlar el alto tribunal», resumió Gamarra.
Dos polémicas enmiendas
La petición de amparo del PP ante el Constitucional recurre en esencia tres cambios en la regulación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional introducidos como enmiendas en la proposición de ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos, que justificaron esta vía parlamentaria por la necesidad de renovar ambas instituciones.
La primera de las enmiendas retoca la Ley del Poder Judicial y elimina la mayoría de tres quintos del pleno del CGPJ para elegir a los dos magistrados del TC que corresponde designar al consejo. Con la reforma, bastará una mayoría simple, lo que evitará la actual obligación de alcanzar un consenso entre los bloques conservador y progresista para pactar esos dos nombres.
La segunda enmienda afecta a la Ley del Tribunal Constitucional y modifica la forma en que el CGPJ y el Gobierno designan a los dos magistrados que les corresponden en el TC. Con el cambio legislativo, si el consejo se retrasase a la hora de escoger a sus aspirantes —como sucede actualmente—, el Ejecutivo podría nombrar a sus dos candidatos sin aguardar al CGPJ. En este apartado también se liquida la evaluación de la idoneidad de los candidatos del Gobierno y del consejo por parte del Constitucional, lo que desde la oposición se interpreta como una maniobra de la Moncloa para despejar el camino al tribunal de garantías a los dos aspirantes propuestos por el Ejecutivo: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y Laura Díez, ex directora general del Ministerio de Presidencia.
El recurso del Partido Popular ante el Constitucional
Cristina Vallejo Madrid / Colpisa
El Partido Popular ha presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por los cambios que ha planteado el Gobierno para el Poder Judicial vía enmiendas a la ley con la que busca la reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición. Así lo anunció la secretaria general del PP y portavoz parlamentaria del partido, Cuca Gamarra, quien calificó de «ataque» la reforma de la Justicia diseñada por el Ejecutivo.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, informó este miércoles, asimismo, de que su partido ha reclamado al Tribunal Constitucional que se pronuncie con urgencia sobre su recurso de amparo antes del pleno parlamentario de este jueves en el que está previsto que se debata la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos. De hecho, los populares han solicitado al Constitucional que, como medida cautelarísima, suspenda la ejecución de los acuerdos que afectan a la tramitación de las propuestas en materia de justicia de los dos grupos parlamentarios que dan soporte al Gobierno. A efectos prácticos, ello supondría la suspensión de la votación de esas enmiendas en la sesión del Congreso de mañana. La portavoz popular explicó que las dos enmiendas objeto de su recurso de amparo pretenden «controlar» el tribunal de garantías y que, por tanto, a su juicio, su «inconstitucionalidad es manifiesta».
El Tribunal Constitucional respondió con la convocatoria de un pleno extraordinario y urgente este mismo jueves para decidir si admite o no a trámite el recurso presentado por el PP contra el acuerdo de la Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso en que se admitieron las dos enmiendas en discusión. También, en su caso, se pronunciará sobre las medidas cautelarísimas que ha solicitado el PP.
La ponencia le ha correspondido a Enrique Arnaldo, un magistrado que aterrizó en el Tribunal Constitucional de la mano del Partido Popular.
El Partido Popular plantea este recurso de amparo un día antes de que esté prevista la votación en el Congreso de los Diputados de la reforma del Código Penal, incluidas las propuestas en materia de justicia, así como las enmiendas sobre la malversación o la figura del enriquecimiento ilícito.
La reforma recurrida al Constitucional
Los cambios principales de la Justicia planteados por el Ejecutivo pasan, en primer lugar, por que la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (dos a cargo del Ejecutivo y otros dos a cargo del Consejo General del Poder Judicial), que deberían realizarse en conjunto -la norma actual establece que los relevos deben efectuarse por tercios y el órgano consta de doce magistrados-, pueda efectuarse por separado. Y, en segundo lugar, por que el CGPJ pueda escoger a sus candidatos por mayoría simple, y no por la mayoría de tres quintos recogida en la actualidad, con sus vocales, además, limitados en las propuestas que pueden realizar. Ello, supeditado a que hayan vencido los plazos ordinarios que marca la ley para efectuar los relevos correspondientes de los magistrados del Constitucional. Es decir, estos cambios serían de aplicación cuando hayan transcurrido tres meses a partir del vencimiento del mandato.Asimismo, en virtud de la propuesta de Unidas Podemos y el PSOE, se elimina el requisito del análisis previo de la idoneidad de los magistrados designados por el Ejecutivo y que para la renovación ahora en liza son el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo del Ministerio de la Presidencia Laura Díez.
El Gobierno adoptó estas medidas después de cuatro años del bloqueo de la renovación del Poder Judicial.
A juicio del PP, la eliminación de la mayoría de tres quintos para la elección vulnera el artículo 159.1 de la Constitución que busca garantizar la independencia de los magistrados, además de que limita el cuórum para llegar a acuerdos y se reducen las capacidades de propuesta y de voto de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Los conservadores también alegan que el hecho de que desaparezca la verificación de los nombramientos de los nuevos magistrados atenta contra la autonomía del órgano de garantías. Y, por ultimo, advierten de que la posibilidad de renovar un sexto en lugar de un tercio del TC contraviene la disposición en cuanto a las proporciones que han de renovarse.
Enmiendas a la reforma del Código Penal
Los grupos parlamentarios que dan soporte al Ejecutivo, Unidas Podemos y el PSOE, presentaron el pasado viernes estas propuestas de cambios legislativos a través de enmiendas a la ley con la que se reforma el Código Penal para eliminar el delito de sedición y sustituirlo por el de desórdenes públicos agravados. Además se presentaron otras propuestas para reformar el delito de malversación o para crear la figura del enriquecimiento ilícito.
El grupo parlamentario popular da este paso ante el Constitucional después de haber presentado ante la mesa de la comisión de Justicia y ante la Mesa del Congreso peticiones para que las enmiendas sobre la reforma de la Justicia no fueran admitidas a trámite.