El Defensor del Pueblo acusa a Marlaska de deportaciones ilegales y masivas tras la tragedia de Melilla
ESPAÑA
La oficina de Gabilondo también apunta a que Interior habría mentido ya que aseguró que solo había rechazado a 101 subsaharianos cuando fueron 470 los africanos expulsados en caliente
14 oct 2022 . Actualizado a las 17:20 h.El Defensor del Pueblo concluye que el Ministerio del Interior expulsó ilegalmente a casi medio millar de inmigrantes a raíz de la tragedia de Melilla y que, además, luego habría mentido al ocultar la envergadura real de la gran operación de deportaciones exprés que llevó a cabo con buena parte de los simpapeles que sí que consiguieron llegar a territorio nacional.
La oficina que dirige Ángel Gabilondo ha determinado que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska violó reiteradamente la ley con la expulsión en caliente de al menos 470 inmigrantes el 24 de junio en Melilla, de forma paralela al trágico salto del paso de Barrio Chino en Nador que costó la vida a entre 23 y 72 subsaharianos, según las diferentes fuentes.
Esta cifra de deportados exprés que ofrece el Defensor casi quintuplica el número oficial reconocido por Interior, que hasta ahora aseguraba que solo se había rechazado en frontera solo a 101 personas, exclusivamente las que quedaron atrapadas entre las dos vallas del perímetro.
El organismo que dirige Ángel Gabilondo asegura que todavía sigue investigando las muertes por aplastamiento de los inmigrantes y la actuación de las fuerzas de seguridad a ambos lados de la frontera durante aquel viernes negro en el que tuvo lugar la mayor tragedia migratoria terrestre de la historia de reciente de España. No obstante, y a la espera de esas conclusiones sobre el origen de aquellas muertes, zanja, tras analizar la documentación recibida por parte del Gobierno, que Interior «efectuó un rechazo en frontera de 470 personas sin contemplarse las previsiones legales tanto nacionales como internacionales» para estos casos.
Recurso en el Constitucional
Se da la circunstancia que el PSOE, en la oposición, llegó a recurrir ante el Constitucional estas deportaciones exprés y se comprometió a prohibirlas si llegaba a Moncloa. Sin embargo, no se tiene constancia de que nunca antes se haya procedido a una expulsión sumaria de la envergadura que ahora ha revelado el Defensor del Pueblo que se produjo a raíz del salto masivo del 24 de junio.
Interior, que fue informado por el Defensor de estas conclusiones preliminares antes de hacerlas públicas, se apresuró este viernes a negar tajantemente estas acusaciones. «Todos los rechazos en frontera que se produjeron el pasado 24 de junio en el perímetro fronterizo entre Melilla y Nador se realizaron dentro de la más estricta legalidad», afirmó en un comunicado la oficina de prensa del ministro. Un documento en el que además la Administración garantizó que tras aquel sangriento salto masivo «todas las solicitudes de protección internacional cursadas por las personas que accedieron a territorio nacional se están tramitando por los cauces legalmente establecidos en procedimientos con todas las garantías».
El Ministerio del Interior, tras el duro varapalo del Defensor, no insistió este viernes en que la actuación de Marruecos fue «proporcionada» como ha venido haciendo en sede parlamentaria y en boca del propio Pedro Sánchez, quien llegó a felicitarse por el trabajo de las fuerzas del otro lado de la frontera. Tampoco el departamento de Marlaska abundó sobre de la supuesta violencia ejercida por los subsaharianos, aunque recordó que 50 funcionarios españoles resultaron heridos. Interior se limitó a señalar que «las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado van a seguir cumpliendo como hasta ahora con su misión de proteger las fronteras de España y de la Unión Europea frente a asaltos violentos».
Más allá de las explicaciones de Interior, la oficina de Gabilondo se vio en la necesidad de recordar al departamento de Grande-Marlaska que el propio Tribunal Constitucional ya ha establecido que el «rechazo en frontera ha de tener en cuenta la aplicación a las entradas individualizadas, pleno control judicial y el cumplimiento de las obligaciones internacionales». Unas garantías que, entiende el Defensor, no se dieron aquel 24 de junio. De hecho, las imágenes de aquella jornada revelan que agentes de las fuerzas marroquíes pasaron la valla para colaborar con los funcionarios españoles en la deportación instantánea de las decenas de subsaharianos que fueron apresados en las verjas. Interior y su propio titular, a pesar de esas imágenes, han venido negando de manera tajante que los uniformados del país vecino entraran en territorio nacional.
El Defensor en este primer informe sobre lo ocurrido aquella mañana en el paso de Barrio Chino insiste en que los reproches legales por las expulsiones en caliente son solo la primera de las conclusiones, porque «las actuaciones no se dan por concluidas y continúan abiertas con diferentes administraciones». De hecho, en este primer informe no se arroja nada de luz sobre las causas, responsables y verdadera envergadura de la tragedia que tuvo lugar aquel viernes
El organismo de supervisión de Derechos Humanos asegura que ha solicitado a la Secretaría de Estado de Seguridad «la remisión de más imágenes del 24 de junio del perímetro fronterizo que podrían ayudar a aclarar algunos extremos» sobre lo ocurrido en la mañana de aquel día en la frontera entre Nador y Melilla.