Borràs inaugura una cumbre contra la corrupción y se define como «víctima de la represión»

Cristian Reino BARCELONA / COLPISA

ESPAÑA

La presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, el expresidente de la Generalitat Quim Torra y el exvicepresidente catalán Josep Lluís Carod-Rovira, este viernes, en un acto en Barcelona
La presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, el expresidente de la Generalitat Quim Torra y el exvicepresidente catalán Josep Lluís Carod-Rovira, este viernes, en un acto en Barcelona EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

«La guerra jurídica es una estrategia de represión», afirma la presidenta del Parlamento catalán, imputada por cuatro delitos, entre ellos prevaricación y malversación

08 jul 2022 . Actualizado a las 18:49 h.

La presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, investigada por cuatro delitos, entre ellos prevaricación y malversación, inauguró este viernes una cumbre contra la corrupción en la Cámara autonómica. A un paso de ser juzgada por presunta corrupción, Borràs se presentó como una víctima de lo que calificó como «represión» del Estado contra la disidencia política. «La guerra jurídica es una estrategia de represión y consigue el objetivo de ensuciar, con la corrosiva mancha de la corrupción, a los adversarios políticos», afirmó.

«En democracias viciadas con tics autoritarios, a veces la corrupción también puede dejar de ser un problema que es necesario eliminar y convertirse, de manera perversa, en un arma para combatir la disidencia política», añadió.

Estaba hablando en genérico, pero de forma velada se estaba refiriendo al caso por el que está a punto de ser procesada, por haber fraccionado 18 contratos por valor de más de 300.000 euros para adjudicárselos a un amigo durante su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Borràs está en el ojo del huracán, desde que hace una semana el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio por acabada la investigación y la dejó a un paso de sentarla en el banquillo por cuatro delitos que podrían sumar penas de 15 años de cárcel. Sus socios ya le han avisado de que su causa penal no tiene nada que ver con el procés. Y la mayoría de la Cámara catalana, incluidos ERC y la CUP, le piden que dimita, en aplicación a un artículo del reglamento del Parlamento, que señala que si un diputado es procesado por delitos de corrupción, como es su caso, pierde sus derechos parlamentarios de manera inmediata. La presidenta del Parlamento catalán se considera inocente y ya ha avisado de que no dimitirá.

En su discurso, destacó que el principal objetivo de la cumbre es «reforzar los mecanismos de lucha contra la corrupción», que implica también «el esfuerzo de todos por perfeccionar la democracia». Para la presidenta, «el lawfare también es una estrategia de represión» una estrategia que, según la presidenta, «es especialmente grave porque consiste en la corrupción de la lucha contra la corrupción» y eso, «empeora la democracia porque la subvierte y pervierte».

Acto de apoyo

Borràs ya advirtió de que se enrocará. Cuenta con el apoyo de un manifiesto firmado por 7.000 personas, la mayoría de la órbita nacionalista de Junts. Este sábado, su entorno celebrará un acto de apoyo. Y además se enfrenta a una segunda causa penal, en este caso por desobediencia. La mayoría independentista de la Mesa del Parlamento autonómico acordó el jueves «asumir toda la responsabilidad de la redacción y publicación» del acta del pleno que recoge el voto del diputado de Junts Lluís Puig, huido en Bélgica, pese a que el Tribunal Constitucional haya anulado su delegación de voto. «La democracia también está asediada, y ayer vivimos una muestra de ello hasta bien tarde en el Parlament», afirmó sobre la delegación de voto de Puig.