La Fiscalía Europea reclama la investigación del contrato del hermano de Ayuso por posible malversación de fondos europeos
ESPAÑA
Quiere dilucidar si hay indicios de delito en el contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas en China por el que habría cobrado 55.000 euros. La Comunidad de Madrid defiende que no tiene «tacha»: «Como si lo investiga la Fiscalía de la ONU»
25 mar 2022 . Actualizado a las 16:29 h.La Fiscalía Europea ha reclamado a la Fiscalía Anticorrupción la investigación abierta por el contrato de venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid (CAM) por el que el hermano de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso habría cobrado 55.000 euros.
Anticorrupción tiene abierta ya una investigación al respecto y desde la Fiscalía Europea entienden que, tras el citado contrato, se ha podido cometer un delito de malversación de fondos europeos, informa Efe.
El pasado 22 de febrero, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, abrió una pesquisa para dilucidar si hay indicios de delito en el contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas al inicio de la pandemia en China que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa relacionada con un hermano de la presidenta Ayuso y por el que habría cobrado 55.000 euros.
Fuentes fiscales consultadas por Europa Press resaltan que desde la Fiscalía Europea, cuya representante en España es Concepción Sabadell, se ha pedido así abocar las diligencias a un procedimiento que se ha abierto en su seno por malversación y fraude a los intereses de la Unión Europea, ya que ese contrato se pagó con fondos 'Feder' europeos y por tanto tienen competencia en esa materia.
Las fuentes fiscales consultadas indican que Anticorrupción, ante esa petición, no puede negarse a enviar la documentación recabada, a pesar de que advierten de que no ven que haya habido malversación porque de hecho las mascarillas llegaron a su destino.
Sin embargo, lo que desde Anticorrupción no enviarán a Europa es todo lo relativo a los delitos conexos que se investigan, que nada tienen que ver con la malversación, y que están relacionados con el tráfico de influencias, la posible falsedad en la factura emitida por Tomás Ayuso, la prevaricación y las negociaciones prohibidas a los funcionarios.
Se niegan porque estos son delitos de corrupción que no tienen nada que ver con los fondos de la Unión Europea, sino que se refieren al funcionamiento de una administración pública española.
Así, estas fuentes señalan que desde Anticorrupción han planteado un conflicto de competencias que debe resolver ahora la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, tras escuchar a la Junta de Fiscales de Sala.
La Comunidad de Madrid defiende que el contrato del hermano de Ayuso no tiene «tacha»: «Como si lo investiga la Fiscalía de la ONU»
El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha defendido este viernes que el contrato de emergencia adjudicado a la empresa con la que se relaciona a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta regional, «no tiene ninguna tacha».
«Que lo investigue la Fiscalía Europea, como si lo investiga la Fiscalía de la ONU, no tenemos el más mínimo problema con ese contrato porque todas las instancias que han estudiado ese contrato han dictaminado que es perfectamente correcto», ha defendido.
En este sentido, ha recordado que «antes de que apareciera la Fiscalía», la Comunidad de Madrid ya aportó toda la documentación a la Asamblea de Madrid y el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, fue a la Cámara regional «a dar todo tipo de explicaciones».
«Además, la Cámara de Cuentas, que es un órgano independiente que depende de la Asamblea de Madrid, con miembros que son designados por los Grupos Parlamentarios, ha dictaminado que, en concreto, ese contrato no tiene ninguna tacha, algo que determinó también la Inspección General de la Comunidad de Madrid», ha añadido.
En esta línea, ha recordado además el contexto en el que se produjo la contratación, en un momento de escasez de material sanitario de protección en lo peor de la primera ola de la pandemia por Covid-19. «Fue un contrato, que es que se nos ha olvidado, se hizo cuando no había mascarillas, cuando estábamos todos desesperados, cuando los médicos y las enfermeras tenían que utilizar bolsas de basura a veces para protegerse y fue en ese momento cuando se consiguió ese contrato», ha subrayado.
En este sentido, ha recalcado que no existe preocupación por la decisión de la Fiscalía Europea. «Todos los que han analizado ese contrato han dicho que está perfecto así que ningún problema en que investigue quien quiera ese contrato», ha zanjado.
